Mataró veta los macroprostíbulos

El Ayuntamiento de Mataró se ha sacado un as de la manga para impedir a última hora que un empresario abra dos macroprostíbulos en la ciudad. El Consistorio ha suspendido por decreto la concesión de licencias a burdeles. Y lo ha hecho con el argumento de que en un año elaborará un plan urbanístico para regular la actividad de los locales de prostitución. Con esta argucia legal, el alcalde, Joan Antoni Baron, pretende frustrar el controvertido proyecto que, en caso de aprobarse, convertiría la capital del Maresme en uno de los grandes centros del sexo de pago de la costa mediterránea, con 80 habitaciones.

El empresario que pretende impulsar los hoteles del sexo, José María Colomer Ribot, dispone de un mes para recurrir el decreto ante el Consistorio, o dos si decide llevar el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los servicios jurídicos de Mataró han trabajado contra el reloj los últimos días hasta dar con una solución que, a su juicio, es perfectamente legal (por la llamada autonomía municipal) e impedirá de hecho que el proyecto eche a andar. "Un ayuntamiento debe dotarse de las medidas oportunas para defenderse", subrayan fuentes municipales.

La licencia de obras de uno de los locales permite construir una nave industrial

El empresario tiene un mes para recurrir el decreto firmado por el alcalde

Las ordenanzas no han impedido la creación de nuevos macroprostíbulos

Colomer empezó a tantear al Consistorio sobre la posibilidad de abrir dos burdeles a finales de 2008. Nunca antes había estado vinculado al negocio de la prostitución. Durante años volcó sus esfuerzos en el sector inmobiliario y, espoleado por la crisis, decidió explorar nuevos caminos. En Mataró, es conocido porque posee una inversión importante, según las mismas fuentes: la espectacular masía Can Ribot, el lugar donde se rueda la teleserie de TV-3 La Riera.

El más grande de los dos locales (50 habitaciones) iba a construirse en un solar del polígono industrial Les Hortes. El local, bautizado por su impulsor como Showgirls Chocolate Night Club, salió a exposición pública bajo el epígrafe de "sala de fiestas con espectáculo y anexo". Por ese motivo, la oposición acusa al Gobierno local de intentar tapar la iniciativa para evitar un conflicto social que, de todos modos, ha estallado.

Hace una semana, cuando trascendió el proyecto, la concejal de Innovación de Mataró, Alícia Romero (PSC), dijo que el Consistorio estaba atado de manos por un "informe vinculante" de la Generalitat. Pero tal informe no existe. La resolución se limita a repasar la normativa sobre este tipo de locales y fija algunas condiciones en materia de seguridad. Entre otras cosas, señala que el aforo máximo no debe sobrepasar las 1.200 personas. El Ayuntamiento no pidió informes extraordinarios, por ejemplo, a la Dirección General de Policía. Además las licencias de actividad las concede el Consistorio.

El night club, en cualquier caso, dispone de esa licencia de actividad desde enero. También posee licencia de obras, aunque aquí hay un pequeño problema: ésta no se corresponde con la actividad solicitada. Es decir, en el espacio destinado a acoger el burdel (el número 27 de la Via Sergia) sólo puede edificarse una nave industrial, según las mismas fuentes.

El segundo burdel proyectado por Colomer está a 400 metros del anterior, pero en otro polígono industrial: el Pla d'en Boet. El local (30 habitaciones) aún no dispone de licencia de actividad, que está en trámite de exposición pública. A través de la empresa Resseguidora 33, SL, de la que es administrador, Colomer compró un antiguo edificio de oficinas, pero aún no ha solicitado la licencia de obras. Esta firma, curiosamente, ha solicitado la apertura de un parque infantil con bar en la parte norte del polígono. Según fuentes municipales, el objetivo es "impedir que alguien se le adelante, decida instalar un equipamiento infantil cerca del burdel y él se quede sin proyecto".Mataró ha optado finalmente por la figura de la suspensión de licencias, que ya ha utilizado respecto a las antenas de telefonía móvil. En aquella ocasión, las operadoras llevaron al Consistorio a juicio varias veces, con resultados desiguales. El Consistorio confía en no tener tantos problemas ahora. El decreto supone que las licencias ya concedidas quedan congeladas, y las que están en trámite paralizadas. Los pequeños burdeles que ahora funcionan pueden seguir haciéndolo, pero no podrán hacer reformas, precisaron fuentes municipales.

Ante el "vacío legal" en materia de prostitución, la Generalitat decidió regular la existencia de los prostíbulos en 2002, bajo el mandato de Jordi Pujol. El decreto sigue en vigor y detalla las condiciones que han de reunir este tipo de establecimientos. Por ejemplo, impide que se instalen cerca de escuelas o de lugares donde haya afluencia de menores de edad. Un año más tarde, el Ejecutivo catalán fue un poco más allá y aprobó una ordenanza tipo que desciende a detalles más concretos: entre dos prostíbulos debe haber, al menos, 150 metros de separación. Y entre éstos y una escuela, 200.

El decreto preveía que cada ayuntamiento aprobara en seis meses una ordenanza propia. Pero han pasado siete años y los ayuntamientos que se han inclinado por esta opción se pueden contar con los dedos de una mano. "Sólo lo han hecho los que han recibido peticiones en ese sentido", admite la jefa de servicios jurídicos de la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, Ana Mochaves, una entidad ligada a CiU.

¿Pueden las ordenanzas locales ser mucho más restrictivas de lo que marca el decreto? Expertos en derecho administrativo señalan que la autonomía municipal permite ir más allá y que, en todo caso, la apertura de prostíbulos está condicionada, como cualquier otra actividad, por los planes urbanísticos. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE definió la prostitución como "actividad económica" en 2001. Y la directiva de servicios comunitaria impide las restricciones basadas en distancias. La jefa de servicios jurídicos de la progresista Federación de Municipios de Cataluña, Concha Castro, sostiene que los municipios deben ser "muy prudentes". "Si la ordenanza pone tantas limitaciones que en la práctica impide abrir un local, tiene todos los números para ser invalidada por los tribunales", indica.

Mataró no dispone de ordenanza propia, aunque los que sí la han aprobado "tampoco han podido protegerse", alegan fuentes municipales. Los alcaldes piden un cambio normativo para que el decreto incluya una limitación en el número de habitaciones. Ese cambio impediría en la práctica la existencia de los indeseados macroprostíbulos. Montcada y Reixac se ha adelantado y en su ordenanza prevé que los hoteles del sexo no sobrepasen las 17 habitaciones.

El PP exigió al Consistorio que aprobase una ordenanza para impedir los macroprostíbulos al mismo tiempo que su número dos en el Ayuntamiento, Carlos Ferrando, se veía obligado a dimitir después de mediar a favor de un cliente suyo (es asesor financiero) que pretendía abrir un prostíbulo en la ciudad.