¿Pacto por el territorio?

Durante décadas, la ausencia de un modelo territorial que obedeciera a un proyecto común de país nos lastró decisivamente, con la complicidad de muchos y la desidia y abandono de la Xunta, con competencias plenas en la materia.Me refiero al territorio como marco, espacio y recurso en el que se sustenta la convivencia de la comunidad.

La gestión entrelazada de esas tres funciones -en tanto que recurso económico, espacio de convivencia y ámbito a proteger-, convertirán al territorio o bien en una rémora de nuestro desarrollo o, por el contrario, constituirán junto con el capital humano y tecnológico el principal activo del que dispone la comunidad.

Así, Galicia ha padecido una serie de déficits y limitaciones en su ordenación del territorio y del urbanismo. En primer lugar, hemos generado una insostenible e indiscriminada dispersión de la ocupación del suelo; en segundo, sometimos nuestro litoral y sistema de rías a una presión urbanística desmedida y degradante; en tercer lugar, la destrucción del paisaje agrario y la despoblación y abandono sin alternativas del interior de la comunidad; y por último, destaco la incapacidad para afrontar la configuración de las áreas urbanas y de los espacios metropolitanos, congestionados en sus problemas de movilidad y vivienda.Tuvieron que pasar demasiados gobiernos y años en nuestra historia autonómica para que dispusiéramos de unas indispensables Directrices de Ordenación do Territorio (DOT), aprobadas inicialmente por el anterior Gobierno en julio del 2008; la protección de nuestra costa con la Lei de Medidas Urxentes de Protección do Litoral (ley de los 500 metros) o con los trabajos avanzados del Plan do Litoral; o la creación y puesta en marcha de la Axencia da Legalidade Urbanística y las medidas de apoyo al planeamiento municipal. Lentamente se empezó un camino y se sentaron las bases para una política territorial al servicio del país. De cómo se desarrolle e impulse dependerá la protección y la ordenación futuras de nuestro territorio.

Sin embargo, apenas un año después, las primeras medidas y propuestas del Gobierno de Feijóo siembran la desconfianza y encienden todas las alarmas. No solo, que también, porque se retrasan injustificadamente las DOT, se empieza la casa por el tejado con una modificación sustantiva de la Lei do Solo y se levanta la protección del litoral sin que dispongamos aún del correspondiente plan. También porque, además, los primeros anuncios y decisiones se caracterizan todos y cada uno de ellos por constituir una agresión al medio ambiente, al paisaje, al hábitat y a los recursos naturales, siempre en contra del interés general.

Con este panorama, regresa la sobreexplotación de nuestros ríos con las minicentrales hidroeléctricas, la desprotección de las zonas de Red Natura y del dominio público con instalaciones de acuicultura a la carta, la desvalorización de valiosos ecosistemas como la laguna de Valdoviño y de parajes de excepcional valor como cabo de Touriñán, o la regularización de aberraciones urbanísticas en algunos ayuntamientos costeros. Pero lo más preocupante es que mientras se habla de un deseable y necesario pacto por el territorio, el gobierno ya ha remitido al Parlamento una sustancial reforma de la Lei do Solo de 2002 que pone en entredicho el sentido del mismo.

Porque no estamos ante una reforma menor. En ningún caso. Se trata de un proyecto de ley que favorece, nuevamente, un modelo inviable e insostenible de dispersión de la ocupación del suelo en el medio rural. Es también un texto contradictorio al máximo con todas las recomendaciones de los expertos y que deja sin argumentos razonables a nuestras demandas y reivindicaciones en la discusión sobre la financiación autonómica. Estamos ante una modificación que abre la mano y favorece la construcción en los núcleos rurales no tradicionales, sin variar la calificación de los mismos y, por lo tanto, sin los correspondientes requerimientos dotacionales de servicios. Una modificación que, por cierto, abre también el medio rural a la construcción alineada de chalés adosados.

Es una reforma a la carta de peticiones municipales, entendibles, pero que no debe asumir la autonomía, cediendo en sus responsabilidades y competencias. Especialmente después de las experiencias de crecimientos desordenados y dependientes abusivamente de los ingresos de la construcción, causa ahora de nuestro desempleo masivo. Una reforma que plantea un ejercicio irresponsable de amnistía de todas las construcciones e instalaciones que, sin tener licencia alguna o la autorización autonómica preceptiva, sean anteriores a 2003, con independencia de la clasificación del suelo en cuestión. Esta medida discrimina a los que tuvieron un comportamiento acorde con la ley y la disciplina urbanística, sin coste alguno para los infractores y, lo más grave, emite la peor de las señales de cara al futuro.

Una vez más, como tantas otras veces ha pasado en nuestra reciente historia, todo se realiza al hilo de palabras hermosas y objetivos positivos. Con la excusa de ganar en eficacia para el urbanismo o favorecer el desarrollo económico y las implantaciones industriales, se nos cuelan de contrabando intereses a corto plazo y clientelares, cuando no especulativos, lesivos para el interés general y que lastran pesadamente nuestro desarrollo futuro.

Sin un auténtico proyecto de país, que defienda el interés general, políticas como la ley de los 500 metros, que protege nuestro litoral del desastre urbanístico y económico, sucumbiría ya en su propia gestación a las tentaciones y visiones cortoplacistas y electoralistas que en tantas ocasiones inundan las estrategias partidarias. Estamos ante el reflejo de una preocupante y acentuada debilidad y fragilidad del proyecto político común en la construcción del país.

Emilio Pérez Touriño fue presidente de la Xunta entre 2005 y 2009