Una juez pide al Tribunal Superior que investigue al conselleiro Hernández

La querella del PSOE contra el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, sigue su curso judicial. Acusado por los socialistas de falsedad documental, estafa y fraude a la Administración por certificar el fin de una obra recién empezada cuando trabajaba en la Diputación de Pontevedra, el Juzgado número 1 de Pontevedra se ha inhibido ahora en favor del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), encargado de juzgar a los aforados del Gobierno y el Parlamento autónomos.

Hernández certificó el fin de una obra de la empresa Sercoysa -de la que previamente había sido apoderado y director de construcción- cuando era director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra. El trabajo en cuestión, la construcción de la variante de Lira en Salvaterra, apenas había empezado a acometerse cuando el ahora conselleiro lo dio por finalizado.

Aunque el auto dictado el pasado día 12 no entra en consideraciones de fondo sobre los hechos, fuentes judiciales consultadas explican que de él se deduce que la juez Aránzazu Fernández, al elevar el asunto al Tribunal Supeior, ha apreciado indicios de delito, ya que de otro modo debería archivar las diligencias.

La resolución también atañe al otro implicado, el ingeniero y director de la obra en cuestión, Baltasar Pujales. Éste no es aforado, pero la juez lo somete igualmente al TSXG para no romper la unidad de las actuaciones. Esto reforzaría la impresión de que existen indicios de ilícito penal. El auto llega casi cinco meses después de que se rechazase el recurso de Hernández contra la admisión a trámite de la querella del PSOE.La resolución, que ocupa un folio y medio, da cuenta de las leyes -el Estatuto de Autonomía de Galicia y la Ley Orgánica del Poder Judicial- que obligan a remitir el caso al TSXG, ambas relativas al estatuto de aforado del conselleiro. La juez, no obstante, se refiere a Hernández como "miembro del Parlamento", si bien no es diputado.

Además, aunque admite que Pujales no goza de la protección del fuero, entiende, apoyándose en una excepción a la regla general que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también el TSXG debe encargarse de su caso porque los investigados podrían ser responsables del delito al mismo nivel. "No es obstáculo a este respecto que el co-querellado carezca de la condición de aforado, dado que a ambos se les imputa la coautoría en unos mismos delitos de falsedad en documento público y estafa", explica la juez.

Cuando el caso se hizo público, en mayo de 2009,

tanto el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, salieron en defensa de Hernández. "Se cumplió estrictamente la ley, hablamos de una certificación de obra avalada por la empresa adjudicataria que no produce ningún efecto a la hacienda pública", subrayó entonces Feijóo. Hernández, por su parte, se defendió alegando que su proceder era habitual en los trámites administrativos para no perder una subvención del Estad

o, que cubrió la mitad de los casi 400.000 euros en que estaba presupuestada la obra.

Este "intolerable aire de normalidad", según palabras del secretario general de los socialistas de Pontevedra, Modesto Pose, llevó al partido a presentar la querella. Pose llegó a afirmar que la extensión del comportamiento de Hernández podría acabar con el Estado de Derecho.

Episodio polémico

El caso de la certificación de subvenciones no fue el primer episodio controvertido en que se vio envuelto el conselleiro de Medio Ambiente.Hernández había llegado a Sercoysa escasos meses después de cesar como director general de Obras Públicas, cargo que había ocupado hasta que el bipartito llegó a la Xunta, en 2005. Este rápido paso del sector público al privado y sus implicaciones respecto a la ley de incompatibilidades también fue objeto de polémica cuando se conoció en abril de 2009, en pleno traspaso de poderes entre el bipartito y el Gobierno de Núñez Feijóo.