La empresa del 'ferry' rechaza pagar a Vizcaya los bonos cuando cierre

La empresa P&O Ferries, que explota el Pride of Bilbao, se niega a abonar cualquier cantidad a la Diputación de Vizcaya por los polémicos bonos de viaje desaparecidos. En una carta enviada el 8 de febrero en la que confirma el cierre de la línea -aunque no cita la fecha del 27 de septiembre anunciada-, la empresa "trata de evitar la devolución", aseguró ayer la diputada de Transportes Pilar Ardanza. La institución foral se plantea interponer una denuncia "para recuperar el dinero".

El caso de los bonos, que volvió a debatirse ayer en las Juntas Generales, está siendo investigado por la Fiscalía por la supuesta pérdida patrimonial de 9,7 millones por parte de la Diputación. El problema se remonta a 1995, cuando la institución foral compró a P&O más de 46.500 billetes en concepto de ayuda al servicio marítimo, compra que fue declarada ilegal por la CE al considerarla ayuda de Estado.

La empresa tuvo que devolver 13 millones a la Diputación y ésta abono a la compañía 3,2 millones por 10.735 bonos canjeados hasta 2003, pero luego debió pagar otros 9,7 millones por los 35.707 restantes que ya no existían. Aquí radica la cuestión: si hubieran existido los bonos no habría sido necesario el desembolso de los 9,7 millones.

La Diputación vizcaína ha esgrimido que no ha habido ninguna pérdida patrimonial porque los bonos se han seguido utilizando. Ardanza comunicó ayer que el 12 de diciembre se canjearon cien "actas-bonos" destinadas al programa foral de viajes de la Tercera Edad Adineko y a la Dirección de Juventud.

Críticas de la oposición

El debate confirmó las dudas de la oposición sobre la gestión de la Diputación en este asunto. Carlos Olazábal, del PP, consideró inviable que la empresa devuelva el dinero, porque "no hay ningún documento que acredite que se puedan usar" los bonos y descalificó la investigación interna de la Diputación.

Iñaki Egaña, del PSE, quien afirmó que mientras más indaga en este asunto "menos" se entera, tachó de poco riguroso el expediente interno y calificó de "increíble" que diez años "nadie pregunte por 10 millones" de euros.

Toda la oposición aprobó, con el voto en contra del PNV, una propuesta para que la Diputación declare protegida el área de Barrikabaso, donde, tras la construcción de 14 chalés ya habitados, se ha declarado ilegal la recalificación urbanística.