Qué se sabe y qué no

Lo que se sabe sobre el asunto del bar Faisán (que intervenía en el cobro de las extorsiones de ETA) es que el 4 de mayo de 2006 hubo un chivatazo a su propietario alertándole de la operación policial que se preparaba contra la trama etarra; y que desde la noche anterior hubo comunicaciones telefónicas desacostumbradamente intensas entre el entonces director general de la policía y el jefe superior del País Vasco, y al menos una entre este último y un inspector de Vitoria (ajeno a la lucha anti-ETA) realizada en el área del Faisán a la hora en que se produjo el soplo.

Lo que se ignora es quién lo dio y el contenido de las conversaciones entre los mandos policiales. El propietario del bar no ha reconocido al inspector de Vitoria, imputado como sospechoso de haberle pasado el teléfono con el aviso. En función de esto último, la fiscalía solicitó en octubre pasado el archivo de la causa por falta de autor conocido; y las nuevas diligencias ordenadas por la Audiencia Nacional al juez Garzón no han aportado pruebas adicionales: no hay grabaciones ulteriores a los hechos en que se hable del chivatazo, y los agentes que vigilaban el bar aquel 4 de mayo no vieron al inspector imputado. El jefe policial francés de la operación prevista ha declarado que el aplazamiento de la misma (realizada un mes después: 16 detenidos) no fue debido al chivatazo, sino a una decisión de la juez Levert por razones de procedimiento.

Del conjunto de lo que se sabe y se ignora se deduce que es probable que los contactos telefónicos versaran sobre la forma de evitar unas detenciones que podrían abortar la tregua iniciada mes y medio antes. Pero no hay pruebas que confirmen que era de eso de lo que hablaron ni de quién fue el que dio el aviso, por lo que será difícil evitar el archivo.

Otra cosa es la valoración política de lo conocido. En una negociación con terroristas es lógico que se planteen dilemas que obliguen a elegir entre dos males. En la de Argel existía una orden de no detener etarras sin permiso de Interior. En la de Lizarra se detuvo a una de las participantes en la negociación; en la de 2006 hubo decisiones en el límite de la legalidad, como las dirigidas a evitar la muerte en huelga de hambre de De Juana. Quizá también en el Faisán. Si aparecieran pruebas, podrían invocarse atenuantes poderosos, pero la condición para atenderlas sería que quien tomó la decisión asumiera la responsabilidad.