Tal vez no sepa que su trabajo le enferma

El año pasado fue uno de los más sanos, teóricamente, para los trabajadores españoles. En 2009 se declararon 16.850 enfermedades laborales. Unas 2.000 menos que en 2008, y alrededor de 5.000 por debajo de 2006. ¿Ha funcionado la prevención? ¿Están los asalariados más sanos ahora que nunca? Expertos y sindicatos apuntan a un infradiagnóstico de estas patologías que, muchas veces, se consideran enfermedades comunes. Tanto, que España está por debajo de la media europea en porcentaje de asalariados con problemas de salud asociados al trabajo. Las diferencias entre comunidades autónomas, además, son abismales. Lo que en Navarra se considera enfermedad profesional puede no diagnosticarse como tal en Madrid o Andalucía. Un desequilibrio entre regiones que viene a sumarse a otros como la ley de dependencia o la aplicación de la ley antitabaco. Desigualdades que, en definitiva, perjudican al trabajador.

En Navarra se detectó una enfermedad por cada 160 asalariados

En Madrid o Andalucía sólo hay un diagnóstico por 2.500 trabajadores

Si el mal es laboral, el afectado no pagará medicinas ni tratamientos

"Un 16% de las bajas comunes deberían ir a las mutuas", dice un experto

Que la enfermedad laboral sea diagnosticada correctamente es vital. No sólo para la salud del trabajador. También para su bolsillo. Y se nota en la nómina. El trabajador recibe un subsidio menor si la enfermedad que padece se reconoce como común (aproximadamente un 60% de su base salarial) en lugar de como profesional (el 75%). Además, en las enfermedades profesionales el trabajador tiene cubierto el 100% de su tratamiento farmacológico y médico. Las más frecuentes en España son las dolencias físicas (tendinitis, problemas articulares). Pero también se detectan enfermedades de la piel relacionadas con el trabajo.

Pero más allá de las consecuencias del infradiagnóstico, llama la atención la ensalada de cifras regionales. Según un informe de UGT elaborado con datos oficiales del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en 2009 en Navarra se declararon 1.425 enfermedades laborales, lo que equivale a una enfermedad profesional por cada 160 trabajadores. En Madrid, sin embargo, con 1.018 patologías declaradas en 2009, el porcentaje es de una enfermedad por cada 2.518 trabajadores; y en Andalucía de una patología declarada por cada 2.906 asalariados. ¿Están los andaluces o los madrileños más sanos que los navarros? "No", responde Marisa Rufino, secretaria de Salud Laboral de UGT, "los sistemas de detección, simplemente son distintos".

El director del departamento de Medicina Preventiva de la Clínica de la Universidad de Navarra, Francisco Guillén, comparte esta opinión. "Hay comunidades que dedican más recursos a la localización de estas patologías que otras", sostiene. "Otra razón de estas disparidades puede estar en las diferencias de industria entre regiones. Algunas tienen más fábricas, y en otras el dominante es el sector agrícola o el terciario...".

Pero la causa del desequilibrio patente hay que buscarla en la propia Navarra, una comunidad con una economía diversificada que, ojeando los datos, se convierte en el arquetipo perfecto de las diferencias entre regiones. ¿De dónde viene el dato de una enfermedad laboral por cada 160 trabajadores? En la comunidad foral funciona un sistema de vigilancia epidemiológica específico para la detección de enfermedades profesionales. El método, que está implantado en 31 centros de salud (abarca al 71% de la población), se basa en un programa informático que ayuda al médico de atención primaria a diagnosticar la enfermedad como profesional. Cuando introduce una posible patología laboral en el historial clínico del paciente le sale un mensaje que le alerta de que podría tratarse de una enfermedad asociada al trabajo. Después, el sistema le lleva a una serie de cuestiones que el paciente debe contestar. Si las respuestas están dentro de la pauta de lo que podría ser una enfermedad laboral, su caso se deriva al Instituto Navarro de Salud Laboral, que lo estudia. Y si finalmente se considera como patología profesional, este organismo habla con la mutua del trabajador para que la declare como tal.

"Partimos de la idea de que hay una subdeclaración de enfermedades profesionales", explica Vega García López, jefa de la sección de Epidemiología Laboral del Instituto Navarro de Salud Laboral. "Con este sistema logramos que las patologías laborales afloren. En Navarra tenemos hasta siete u ocho veces más enfermedades profesionales de las que hay en el resto de España, y eso es simplemente porque se diagnostican. Las enfermedades profesionales si no las buscas no las encuentras", afirma.

García López explica que el paradigma del infradiagnóstico se percibe incluso dentro de la misma comunidad navarra. "Sólo con el sistema de vigilancia epidemiológica, que abarca al 70% de la población, se declaran tantas enfermedades como con el sistema oficial, que abarca toda la población. Con el sistema oficial se escapan muchos casos", explica. Y ese sistema oficial, donde es el médico de atención primaria o el de la mutua de la empresa quien determina el tipo de enfermedad que tiene el trabajador y si obedece a una causa laboral, es el que impera en el resto de comunidades.

La Seguridad Social -aunque sostiene que la disminución en la declaración de las patologías se debe a que el sistema de notificación se ha agudizado- también ha detectado las desigualdades entre regiones, y coincide en atribuirlas a la diferencia en los métodos de detección. Además, reconoce un "problema grave de diagnóstico". Miguel Ángel Díaz Peña, director general de Ordenación de la Seguridad Social sostiene que el escollo no está en la notificación de las patologías, sino en su diagnóstico. "Es el médico quien tiene que establecer dónde está la linde entre lo que es una enfermedad profesional, enfermedad del trabajo o patología común", explica. Una diferencia que viene delimitada por la ley. "Enfermedad profesional es sólo aquella que está incluida en el listado específicamente aprobado en la ley de 2006. Hay otras patologías relacionadas con el trabajo pero que no se consideran enfermedad profesional. Patologías agudizadas o derivadas del empleo que desempeña el asalariado, que se denominan enfermedades del trabajo, y que se consideran como accidente laboral", sitúa Díaz Peña. "La frontera entre las enfermedades profesionales y las del trabajo es difícil", añade.

Pero hablando de fronteras y cruzando las españolas, el ejemplo navarro no es el único que deja entrever que se notifican menos enfermedades laborales de las que en realidad hay. En España el 5,8% de los trabajadores tiene una o más patologías relacionadas con el trabajo, según el último informe de Eurostat (de 2007). La media de la zona euro se sitúa en 7,5% y la de la UE de los 27 en 8,6%. "En los países nórdicos se declaran más enfermedades laborales porque se diagnostican más", dice Francisco Guillén. Según Eurostat, en Finlandia el 24,5% de los asalariados tienen una o más patologías asociadas al trabajo. En Bélgica son el 11,7%.

Fernando García Benavides, catedrático de Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra, también cree que hay una infradeclaración "escandalosa" de enfermedades laborales. "Alrededor del 16% de las incapacidades temporales por contingencia común (la que firman los médicos de atención primaria) deberían estar atendidas en las mutuas y lo son en atención primaria", dice. Dato que apoya con un estudio realizado en 2005 en centros de atención primaria de Cataluña, y publicado por el American Journal of Industrial Medicine.

Pero, ¿qué supone para el trabajador que la enfermedad que tiene sea considerada profesional? José Manuel Freire, de la Escuela Nacional de Sanidad, explica que si una patología se declara como laboral, el 100% de su tratamiento y atención (fármacos, rehabilitación, etc.) lo cubre la mutua. En las enfermedades comunes, sin embargo, el coste lo comparten la sanidad pública y el paciente. "Éste paga una parte del medicamento que le han recetado", dice. La secretaria laboral de UGT pone un ejemplo: "Una persona con una tendinitis -una patología musculoesquelética, las más comunes- que se haya considerado enfermedad profesional, por ejemplo, tendrá la medicación gratis, pero también las sesiones con el fisioterapeuta hasta que se cure. Si es una enfermedad común, la sanidad pública da sesiones limitadas. El resto debe pagarlo el paciente".

Independientemente del sistema o los medios que se empleen en cada región para la detección de estas enfermedades, los expertos vuelven a apuntar a que la clave para evitar el perjuicio para el trabajador es lograr un diagnóstico ajustado. La mirada de los profesionales, dicen, influye. "El problema es que hay una gran falta de formación e información de los médicos. Muchos no saben y tampoco tienen tiempo para indagar en el trabajo del paciente. Esto requeriría un tiempo que estos profesionales no tienen", dice el director general de Ordenación de la Seguridad Social.

Para intentar paliar esto, explica Díaz Peña, la Seguridad Social pretende que haya más profesionales especializados en Medicina del Trabajo en los centros de salud. Una visión que comparten los sindicatos, que sostienen que debería haber, como mínimo, un especialista en Salud Laboral en cada ambulatorio. Además, UGT reclama que en la próxima ley de Salud Pública -en cuya elaboración trabaja ahora el Ministerio de Sanidad- haya un capítulo dedicado a la medicina del trabajo que contemple, entre otras cosas, que los médicos de atención primaria tengan acceso al historial clínico laboral del paciente. Cosa que ahora no sucede. "Lo que debería hacerse es generalizar el sistema navarro de vigilancia y detección", concluye Marisa Rufino.

Y en esa línea se está moviendo Cataluña, donde ya funciona (aunque en mantillas) un sistema similar al navarro. El Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (Icam) ha elaborado un protocolo de determinación de enfermedades profesionales para facilitar la labor a los médicos que, tras rellenar una ficha con las respuestas de los pacientes, remiten el caso al Icam. "La mitad de los casos que llegan se determinan como enfermedades profesionales", explica Rafael Manzanera, responsable de este organismo. Desde que se implantó el protocolo, asegura Manzanera, ha aumentado la detección de estas patologías.

Pero al margen de la falta de medios y de formación, algunos expertos apuntan a que tras la infradeclaración se encuentran también las mutuas. Estas empresas son las encargadas de declarar las enfermedades laborales. "Las mutuas están derivando patologías laborales como enfermedad común", asegura la secretaria de Salud Laboral de UGT. "Envían a muchos trabajadores al centro de salud directamente. Y es que afrontar una enfermedad profesional supone un coste para ellos. Cuando es enfermedad común lo que le queda al trabajador de la baja reguladora de la nómina (es decir, lo que cobra al mes por la baja) es el 60%; en cambio cuando es enfermedad profesional la cantidad es el 75%", explica.

Un argumento que el director general de Ordenación de la Seguridad Social discute. "Las mutuas son empresas sin ánimo de lucro que no se quedan con nada del presupuesto que se les otorga. El dinero que no utilizan lo devuelven", dice. El fondo, explica, pertenece a caja de la Seguridad Social. "Lo que ocurre es que hay una mala imagen quizá fundada porque en el pasado se hicieron las cosas muy mal", dice Díaz Peña, que asegura que tampoco las empresas se benefician de la infradeclaración ya que las primas que pagan a las mutuas no dependen de los accidentes declarados o las enfermedades de sus trabajadores, sino del ámbito de actividad. Se arriesgan, eso sí, a la visita de un inspector de trabajo.

Sin embargo, la conclusión de los expertos parece ser común. Aunque el sistema navarro no tiene por qué ser la panacea, lo cierto es que evita situaciones de desprotección para el trabajador. "Cuando detectamos una enfermedad como profesional hablamos con las mutuas y les animamos a que declaren esa patología como laboral. Así, hay en cierta manera una autoridad moral. Puede haber fraudes, pero les vamos a pillar", explica la responsable del sistema navarro. "Las mutuas tienen un gran hermano que les anima a declarar", añade.

¿Y si un trabajador sospecha que la patología que sufre es en realidad una enfermedad profesional? La Seguridad Social creó hace dos años una oficina de reclamación a la que los asalariados pueden llevar su caso. También las mutuas pueden recurrir a este sistema. Pero además, apunta Díaz Peña, todos los casos en los que hay discrepancias de diagnóstico van directamente a revisión. En 2009, de los 14.447 expedientes analizados se consideraron como enfermedad profesional 636.

Para el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, lo que desvelan los datos es que no se hacen las cosas bien. "Las diferencias son inaceptables", dice. Sostiene que urge un cambio del sistema: "Hay que revisar los procedimientos, ver dónde se hace bien, donde mal y aplicar un método común para toda España. Lo que no puede ser es que los ciudadanos se queden desprotegidos, y ahora, desde luego lo están".