Agencias de colocación

Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial propuesta por el PSOE y fundadora de Jueces para la Democracia (JpD), ha respondido a las críticas de su asociación a la política de nombramientos del Consejo con una carta en la que rebate las acusaciones con el alarde de sus éxitos: en apenas 18 meses, 18 asociados a JpD (520 afiliados) han pasado a ocupar altos cargos de la carrera judicial: uno al mes. Y, para apuntalar su eficacia, compara el premio a sus compañeros con el relativo quebranto de las otras asociaciones: la APM, con 1.300 afiliados, ha logrado 21 altos cargos; la Francisco de Vitoria, con 595, se ha quedado en seis. Otros 15 cargos han ido a parar a independientes, que vienen a ser la mitad de la carrera judicial. Y por si alguno de los miembros de JpD aún guardara algún resquemor, les recuerda que en el año y medio de vida de este Consejo, sus afiliados han ocupado tres plazas en el Tribunal Supremo, dos en la Audiencia Nacional, cuatro en Tribunales Superiores de Justicia y seis presiden Audiencias Provinciales.

Llama la atención que la magistrada no se diera cuenta de hasta qué punto es dañino para su propia imagen este ejercicio de jactancia. Aparecer como una diligente agencia de colocación de sus compañeros de asociación podrá cosechar alguna palmada de agradecimiento de los agraciados, pero será difícil evitar la sensación de un favoritismo ramplón. Pero lo peor de este asunto es que el proceder de Robles no constituye una aislada y censurable acción, sino una práctica generalizada. Para que JpD pueda colocar a los suyos, la conservadora APM hace lo propio con sus asociados en una rutina más basada en el amiguismo que en criterios profesionales. Es tremenda esa sensación de mercadeo de altos cargos en los tribunales, los órganos a los que nuestra sociedad ha encargado la Administración de la justicia. Sólo así, con esta más que preocupante premisa de cambios de cromos a la hora de la elección -uno para ti, dos para mí- se entiende el desastre que actualmente viven algunos tribunales superiores, con presidentes incompatibles con el sentido común: están a la espera de acuerdo en el reparto.

Son más que justas las críticas a una justicia que comete demasiados errores o a la vergonzante politización del Consejo del Poder Judicial. Pero poco ayuda la carta de la vocal a quienes se quejan de que los nombramientos judiciales se hagan de esa guisa y abogan por la absoluta independencia de los jueces en los nombramientos. La autopropaganda de Margarita Robles ha desnudado la imparcialidad, la rectitud y la probidad con la que actúan sus señorías cuando tienen la oportunidad de ser ellos quienes eligen y distinguen entre sus iguales, sin las denostadas presiones políticas. El resultado parece asemejarse más al funcionamiento sindical de los muelles de Baltimore, tal y como lo muestra la magnífica serie The Wire, que al exigible a las muy respetables asociaciones judiciales.