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Tres detenidos por explotar inmigrantes en las obras del hospital de Reus

La denuncia de un obrero paquistaní permite descubrir documentos falsos y sueldos miserables

Empleo a cambio de explotación laboral. Es el acuerdo impuesto por una de las decenas de subcontratas encargadas de las obras del nuevo Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp), centro de titularidad pública y gestión privada que se trasladará a las nuevas dependencias en octubre de este año. La policía ha practicado 12 detenciones. Tres son directivos de la compañía y el resto, trabajadores inmigrantes en situación irregular. Los trabajos de esta obra, cuya promotora es la entidad del Ayuntamiento de Reus que agrupa las empresas municipales, Innova, empezaron en marzo de 2007 y cuentan con un presupuesto de 120 millones. La alarma se ha disparado tras la desarticulación de una de las empresas implicadas en la obra durante una operación policial revelada la semana pasada.

La obra tiene un presupuesto de 120 millones de euros y empezó en 2007

El Cuerpo Nacional de Policía imputa a los propietarios de la empresa un delito contra los derechos de los trabajadores: empleaban obreros en situación irregular con documentos falsos y nóminas irrisorias. La denuncia anónima de un paquistaní permitió la operación, que se saldó con 12 detenidos. "Es sólo la punta del iceberg, hay muchas irregularidades preocupantes", lamenta CGT. "El delito lo ha cometido la subcontrata, no el Ayuntamiento ni Innova", subraya el Consistorio.

Los trabajos se adjudicaron a una unión temporal de empresas (UTE) comandadas por la constructora Dragados y Abantia Instalaciones, pero los ejecuta una madeja de subcontratas que dificultan depurar cualquier responsabilidad. "No podemos responsabilizarnos de lo que hagan las otras empresas que trabajan en la obra", señala un responsable del proyecto de la UTE, que rechazó precisar cuántas subcontratas trabajan sobre el terreno. Una inspección de trabajo realizada el pasado octubre a instancias de CoBas detectó 26 empresas que fuentes sindicales elevan a más de 60. La desarticulada por la policía estaba administrada por un paquistaní detenido anteriormente por delitos de extranjería. Los sindicatos denuncian que cerca de 600 trabajadores empleados en la fase final de las obras mantienen jornadas de 12 horas de trabajo seis días a la semana con salarios por debajo de lo fijado en el convenio. La inspección concluyó que fue "materialmente imposible" probar tales acusaciones. "Preguntaron a los trabajadores delante de sus superiores. El que dijera la verdad habría perdido el trabajo", señala CGT.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de febrero de 2010