El aparejador del túnel de bateo de Sant Boi admite que no lo revisó
La instrucción del caso del túnel de bateo hundido en enero de 2009 en Sant Boi de Llobregat tras un vendaval, en el que cuatro niños murieron y nueve personas resultaron heridas, dio ayer un giro. El aparejador municipal que firmó los certificados de obra en 1994, Daniel Ceo, en teoría encargado de vigilar la construcción, aseguró ante la juez que nunca revisó los trabajos de la constructora.
Según su abogado, Sergi Mercè, Ceo sólo dio su visto bueno a los pagos a la constructora, "un trámite que deben hacer los aparejadores. Las certificaciones no acreditan que mi cliente revisara la obra". Ceo aseguró que él no tuvo "nada que ver" en el caso e indicó quién fue la encargada de controlar los trabajos: su superiora, la arquitecta municipal Carmen Ruiz, responsable del proyecto del túnel. Ambos están imputados, junto con el constructor del pabellón, José García, por cuatro delitos de homicidio imprudente y nueve de lesiones. La juez considera que el edificio tenía "graves deficiencias que produjeron su derrumbe".
Ruiz, que declaró en noviembre ante la juez, dijo que era Ceo el encargado de revisar la obra, lo que originó la imputación de éste. La declaración de Ceo era determinante, puesto que, según la juez, hay diferencias entre el proyecto de Ruiz y el que construyó José García, como elementos de seguridad presupuestados que no estaban en la obra. Ruiz negó irregularidades y aseguró que todos los elementos estaban presentes en la obra tal como había certificado su aparejador. Según el abogado de Ceo, el Ayuntamiento presionó a su cliente para que confirmara su implicación en el caso.
La declaración del aparejador cogió a contrapié a los gestores municipales, que esperaban que Ceo dijera que revisó la obra y que el pabellón tenía todos los elementos de seguridad previstos. Fuentes del Consistorio dijeron que el lunes revisarán la declaración de Ceo para decidir qué acciones tomar, puesto que es trabajador municipal. El constructor José García, que también declaró ayer, defendió su obra. Aseguró que se limitó a seguir al pie de la letra el proyecto recibido del Ayuntamiento. Según su defensa, García mantuvo que el pabellón estaba perfectamente construido y contenía todos los elementos de seguridad presupuestados. Tanto él como su mujer, Carmen Ureña, que declaró como testigo porque firmaba los certificados de obra, aseguraron no recordar qué empleado municipal revisó la obra. La juez citará a los otros dos aparejadores municipales para saber quién dio el visto bueno a la construcción.
"Lo que está cada día más claro, para nosotros, es que había defectos en el túnel de bateo", analizó el abogado de las familias de los niños muertos, José María Fuster Fabra, que agregó: "Otra cuestión es quiénes son imputables. Nosotros creemos que se deben imputar todas las partes que intervinieron en la construcción del túnel".
El Consistorio y la constructora siguen defendiendo que el túnel de bateo estaba bien construido y que el derrumbe fue provocado por el vendaval.
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