Las demandas millonarias cercan a las empresas que usaron amianto

Buena parte de los enfermos por amianto sabe mucho de leyes. Ninguno es abogado, pero sus enfermedades respiratorias les han obligado a pisar muchos juzgados. Las incapacidades laborales, las pensiones y las indemnizaciones se suelen solucionar a golpe de litigio. Ya hay más de 30 sentencias de condena contra empresas en las que se usaba amianto en Cataluña (aunque la inmensa mayoría se encuentran recurridas). Y en marcha, al menos 100 demandas más. Los procesos abiertos contra la Administración por pensiones son, según algunos abogados, incontables.

Las pruebas médicas que revelan que pequeñas fibras de amianto están instaladas en sus pulmones desde hace décadas no son suficientes para conseguir indemnizaciones por los graves problemas de salud sufridos (tumores mortales, trastornos respiratorios, etcétera). Además, las administraciones se resisten a conceder la incapacidad a los enfermos por amianto, cuya fabricación está prohibida desde 2002. Por eso, los afectados acuden a abogados. En las denuncias más costosas, las que van contra las empresas, los letrados son, en general, de cooperativas y sindicatos.

El Colectiu Ronda ha ganado nueve casos y tiene en marcha otros 90

El Colectiu Ronda lleva desde finales de la década de 1970 colaborando con los trabajadores de Uralita para llevar sus casos ante los tribunales. Ahora mismo tienen más de 70 procesos abiertos, 20 juicios pendientes de sentencia y 9 sentencias favorables. La mayoría son contra Uralita y Rocalla (adquirida por Uralita), pero también hay algunos contra Alstom, empresas de componentes del automóvil y los organismos responsables del trabajo en el puerto de Barcelona en la década de 1960. A todo esto hay que añadir centenares de procesos contra la Seguridad Social por pensiones de viudedad e incapacidad.

Los sindicatos son la segunda vía más común entre los afectados para llegar a los tribunales. CC OO tiene cuatro casos pendientes de juicio en Cataluña y ha ganado dos más. UGT ha llevado la defensa de buena parte de los trabajadores de Uralita en Cerdanyola. Ha logrado unas 15 sentencias a favor de empleados. La empresa las ha recurrido todas.

Roca Junyent ha sido el último despacho en apuntarse a la batalla judicial. Tienen entre manos el proceso de 47 afectados ambientales de Cerdanyola e irán a juicio en mayo tras poner una demanda civil contra Uralita. Es la primera vez en España que van a juicio los enfermos pasivos, que nunca tuvieron contacto laboral con el material, explica Marius Miró, socio del despacho. La asociación de víctimas de Cerdanyola y Ripollet acudió a ellos hace más de dos años. Preparar el caso ha llevado su tiempo. "Sobre todo porque los afectados son gente humilde, y reunir todas las pruebas periciales médicas ha sido costoso", explica. Piden 5.000 euros de indemnización para los casos más leves y hasta 200.000 para los mortales. Cinco millones en total. Después, la sentencia puede tardar meses. Y las apelaciones, hasta cinco años, apunta Miró.

Uralita, contactada por este periódico, recuerda que desde 2001 ya no usa este material. "Siempre hemos cumplido escrupulosamente con la legislación vigente", se defienden. Y añaden, con respecto a las cuantiosas sumas que se les reclaman, que "sólo en el 10% de los procedimientos relacionados con amianto han recaído sentencias contrarias a Uralita". Los abogados de los trabajadores lo niegan tajantemente y dicen que ellos ganan casi siempre.

En Cataluña cuando se habla de amianto aparecen Cerdanyola y Ripollet. Estas dos localidades del Vallès Occidental acogieron durante 90 años una fábrica de este mineral. Los trabajadores empezaron a pelear contra la empresa por sus enfermedades en los setenta. Sin embargo, a sólo 36 kilómetros un drama simétrico ha permanecido hibernado.

En Castelldefels también se fabricó amianto, hasta los noventa. La enorme factoría Rocalla, que empleaba a cerca de 600 personas en los sesenta y que pocos años antes de cerrar fue absorbida por Uralita, ocupaba medio pueblo. Parte de sus trabajadores también padecen asbestosis. Y según los ex empleados, por el camino han muerto de cáncer decenas. Juan Manuel López aún tiene sarpullidos en los brazos y secuelas en los pies. "El mal de la Rocalla' le llamaban", dice. Hay épocas en las que se le hincha hasta la cara. Trabajó en la fábrica hasta los 49 años. Desde entonces tiene una incapacidad laboral y recibe el 75% del sueldo como pensión. "Mientras trabajaba nos hacían una revisión al año en la empresa, pero sólo nos hablaban de colesterol y la tensión", recuerda.

Jesús Hidalgo dice que en 1962 a él ya le dijeron que tenía amianto en los pulmones. Pero nadie le advirtió de que debía dejar de trabajar. Siguió en la fábrica hasta 1992. Adela Gandía vio morir a su marido de cáncer. "En seis meses. Sólo él sabe cuánto sufrió, porque no podían atravesarle los pulmones ni con una aguja. Se le había hecho una coraza por el amianto", recuerda. Ella también trabajó 12 años en la planta. "Ya tengo 83 años, pero prefiero seguir sin saber si estoy enferma", cuenta resignada. Su hijo, Josep Portolés, empleado a principios de los sesenta entre los 14 y los 17 años, enseña sus radiografías llenas de calcificaciones.

Bombona de oxígeno

Miguel Gómez, que tiene un pulmón afectado seriamente, trabajó de 1963 a 1989. Tres años antes de tener que retirarse, había placas que demostraban su asbestosis. "Pero las guardaron en la empresa y nunca me las dejaron ver". Lleva la enfermedad con resignación, pero el miedo aparece en sus ojos cuando habla de José Urbán. José no sale casi de casa, excepto para ir al hospital. Necesita una bombona de oxígeno. Tiene 65 años e irá a juicio contra Uralita. "Me han dicho que dirán que nos daban protección. Mentira. Esto era todo lo que había de vez en cuando, y sólo los últimos tres o cuatro años",denuncia sujetando una mascarilla de papel.

Muchos ex trabajadores de Rocalla tienen reconocida la incapacidad laboral. Sin embargo, casi ninguno de manera total, por lo que cobran pensiones parciales. Casi nadie exigió responsabilidades a la empresa. "Estaba enterrado. Nadie denunció, porque pensaban que podían perder la pensión", explica José. Además, no había dinero para abogados. El Colectivo Ronda les propuso defenderles. Saben que la justicia es lenta. Les queda mucho por andar. El mismo camino que los afectados de Cerdanyola llevan décadas recorriendo. Los tribunales son lo único que les queda.