Bengoa pide a Justicia que lleve al fiscal la actuación del ex director de Vizcaya

El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, remitió el pasado 12 de enero do una carta al Departamento de Justicia, que encabeza Idioia Mendia, para pedirle que los servicios jurídicos del Ejecutivo emprendan de inmediato acciones legales contra el ex director territorial de Sanidad en Vizcaya, José Ramón Elorriaga. El segundo informe de la consejería de Sanidad sobre el caso Margüello constata indicios de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) en el ex responsable territorial, según aprecia la Viceconsejería de Régimen Jurídico, como adelantó ayer EL PAÍS.

Bengoa pide en la carta a su compañera de Ejecutivo, que figura en el citado informe de Sanidad, que los servicios jurídicos "procedan, con la diligencia y en la forma y plazos oportunos, al inicio de las actuaciones que procedan, ante la Fiscalía, o ante la instancia pertinente" para depurar responsabilidades.

El ex responsable de Sanidad vizcaíno se enfrenta hasta 10 años inhabilitado

El informe del Tribunal de Cuentas no sufrirá retrasos añadidos

El informe de Sanidad remitido al Parlamento revela que los procedimientos seguidos por Elorriaga al adjudicar la concertación de servicios a una empresa de la que era socio José Carlos Margüello, ex director de Calidad del Hospital de Cruces, eran inexistentes. "No se trata de cualquier incumplimiento de las normas procedimentales, sino de la omisión por entero" de la normativa, apunta el escrito.

La omisión "evidente" de todo el procedimiento se basa, siempre según el informe, en que no existieron inspecciones previas, se emitió la autorización el mismo día de su solicitud y la documentación presentada estaba incompleta.

Este apartado del informe del caso Margüello, se refiere a las gestiones realizadas para la admisión hace cuatro años de la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, aunque en el punto de mira se encuentran desde verano otras sociedades. Gestión de Servicios Sanitarios XXI, que ofrece servicios concertados por Osakidetza, tenía entre sus socios a Margüello en el momento en que se produjo el supuesto delito de prevaricación. A día de hoy, la empresa mantiene su contrato con Sanidad, una vinculación con la Administración que Bengoa pide en su misiva que se declare nula por las irregularidades del proceso. El consjero no quiso contestar ayer la solicitud de EL PAÍS para que ofreciese su versión.

Por la supuesta prevaricación, Elorriaga se puede enfrenta a penas de siete a diez años de inhabilitación pública. Este periódico trató de ponerse en contacto con Elorriaga a lo largo del día de ayer, sin resultado.

La comisión de investigación estudia el informe de Sanidad al completo. Su presidenta, Laura Garrido, del Partido Popular, mostró ayer, junto con Dani Maeztu, de Aralar, y Nerea Antia, del PNV, su malestar por la publicación por EL PAÍS de parte de su contenido y pidió responsabilidades. Ninguno de los tres parlamentarios citó el contenido del informe. Mientras. Gorka Maneiro, de UPyD, pidió al Gobierno que "denuncie de forma inmediata los hechos ante los tribunales, independientemente de que el Parlamento tenga abierta una comisión de investigación".

La comisión espera ahora el correspondiente informe del Tribunal de Cuentas, que no sufrirá retrasos añadidos por la recusación presentada por los tres consejeros nombrados por el PNV contra Jose Miguel Bonilla, vicepresidente del tribunal y responsable de fiscalizar a Osakidetza.

Para evitar casos como éste, Sanidad presentó la pasada semana a su nuevo comité de asesores, que redactará un Código de Buen Gobierno para el sistema sanitario. Entre las labores de estos expertos estará delimitar los vínculos entre los gestores y las empresas privadas.