Gallardón denuncia a Iberdrola ante la Comisión de la Energía

La lucha que mantienen la compañía eléctrica Iberdrola y el Ayuntamiento de Madrid por el pago de una deuda de 12 millones ha pasado a librarse en instancias superiores. Ayer, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que ha dado traslado a la Comisión Nacional de Energía (CNE) del corte de luz que realizó la eléctrica en el suministro de una dependencia municipal por el impago de los recibos desde el mes de julio.

Mientras hacía el anuncio, ambas partes se reunían en dependencias municipales para tratar de llegar a un acuerdo en el modelo de facturas que realiza la compañía y que el Consistorio rechaza. Pero sucedió lo contrario. En un clima de cierta "tensión", según asistentes, ni Iberdrola ni los técnicos municipales sellaron la paz. Se mantiene la amenaza de más cortes de suministro y el Consistorio, de momento, no paga.

Y es que el pasado martes las oficinas anexas a la Junta de Distrito de Latina quedaron a oscuras y unos 30 funcionarios tuvieron que marcharse a su casa. El corte se produjo porque el Ayuntamiento adeuda 12 millones de euros a Iberdrola desde el mes de julio, cuando entró en vigor la nueva ley de las eléctricas. La corporación alega que las facturas emitidas desde entonces no incorporan los números de referencia que permiten reconocer con precisión de dónde procede la fuente de consumo. "Si el Ayuntamiento considera que un suministrador no está cumpliendo las obligaciones que tiene, de precisión, de detalle, y entra en contradicciones entre distintos soportes, informáticos y documentales, evidentemente no se puede proceder al pago", dijo ayer el alcalde para dejar bien claro que, de momento, no pagarán.

Por su parte, la compañía insiste en que los recibos se han emitido de forma correcta y que los cortes de luz realizados "son legales", puesto que llegan después de que el Ayuntamiento haya excedido el plazo de 120 días que otorga la ley para el pago de facturas y tras más de media docena de cartas en las que se le advertía del riesgo de interrupción del suministro.

"La compañía ha quedado emplazada a aportar una serie de documentación. Alguna ya ha llegado y en algunos recibos estamos de acuerdo, pero todavía quedan otros que no han sido clarificados", explican fuentes municipales.

Hoy se producirá una nueva reunión en el Ayuntamiento a la que acudirán técnicos de Iberdrola con ordenadores de la compañía para tratar de contentar las reclamaciones del Consistorio.

El Ayuntamiento dejó de pagar los recibos cuando entró en vigor la nueva ley. Como la mayoría de grandes consumidores de electricidad, el Consistorio vio altamente incrementada su factura. Y es que el presupuesto de 2010 para consumo eléctrico subirá casi el doble. De unos 45 millones, distribuidos en alumbrado, semáforos y dependencias, se pasará este año a unos 82 millones de euros.

PP e IU llevaron al pleno municipal la cuestión a final del año pasado. Pidieron que no se aplique la tarifa de último recurso -la que permite cobrar puramente en función del consumo y no de una tarifa fijada por el Gobierno- al alumbrado. El PSOE se abstuvo.