El Senado aprueba el 'blindaje' del Concierto vasco con disensiones en el PP y en el PSOE

El llamado blindaje de las normas forales vascas se aprobó ayer definitivamente en el Senado sin modificaciones, lo que permite su publicación y entrada en vigor. La situación de tensión interna en el PP se vivió en el Senado con total normalidad. Los dos senadores del PP vasco, Ramón Rabanera y Juana Iturmendi, se ausentaron de la votación para no rechazar, como ha impuesto la dirección nacional del PP, una iniciativa que su propio partido impulsó desde el Parlamento Vasco. El portavoz del PP, Pío García-Escudero, autorizó expresamente las ausencias y no serán sancionados.

El blindaje del concierto económico es una reivindicación del País Vasco para evitar que las normas tributarias forales fueran recurridas ante la justicia ordinaria. Lo que se ha aprobado es elevar de rango esas normas fiscales para que sólo puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional. Durante veinte años, el asunto ha sido descartado por las Cortes, hasta que el PNV lo impuso como condición para apoyar los Presupuestos del Estado de 2010.

El PSOE lo aceptó, también con un debate interno que ayer se hizo patente por primera vez en la tramitación. El senador socialista de La Rioja y ex presidente de esa comunidad, José Ignacio Pérez Sáenz, no votó con su grupo a favor del blindaje. Se quedó sentado en su escaño y no apretó el botón. En 1993, Pérez Sáenz fue el presidente que inició por primera vez un recurso contra la fiscalidad vasca por provocar el traslado de empresas riojanas a Álava.

Precisamente la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad centra ahora la preocupación de los partidos vascos, como reconoció el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, presente ayer en el Senado. El Gobierno de Castilla y León anunció ayer que se plantea comenzar a estudiar un recurso contra el blindaje, algo que ya está estudiando el de La Rioja por mandato del Parlamento regional. Los dirigentes del PSE y del PP se pidieron mutuamente que eviten que sus propios partidos recurran la norma desde estas comunidades.