Iberia no pagará a AENA por la ocupación de El Prat en 2008

Iberia no indemnizará al ente público AENA con los 7,3 millones de euros que reclamaba por los perjuicios derivados de la invasión de las pistas del aeropuerto de El Prat ocurrida el 28 de julio de 2006, durante una huelga de la compañía aérea. La decisión fue anunciada ayer por la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona al inicio del juicio contra 27 trabajadores de Iberia y no puede ser recurrida. De esta manera, el tribunal anula otra decisión judicial que permitió a AENA personarse en el proceso y solicitar de los huelguistas el pago de esa indemnización millonaria y que, en caso de la más que previsible insolvencia, que Iberia respondiera como responsable civil subsidiaria.

La justicia deslinda la invasión de las pistas de las molestias causadas

El tribunal presidido por Gerard Thomas razona en un auto dictado ayer que los perjuicios a los viajeros "se habrían producido igualmente" aunque no se hubiera producido el delito del que el fiscal acusa a los huelguistas por ocupar las pistas y el resto de instalaciones aeroportuarias. La fiscalía solicita tres años de cárcel para 25 trabajadores por un delito contra el tráfico aéreo y lo eleva hasta cuatro años para dos dirigentes de la Federación de Transportes de UGT de Cataluña, a los que considera líderes de la protesta.

Además de desestimar la pretensión de AENA, la Audiencia de Barcelona da un duro varapalo al ente al recordar que ha solicitado por triplicado esa reclamación ante los tribunales y que la ley no lo permite. También recuerda que el Tribunal Supremo ya anuló en 2008 el acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de septiembre de 2006 que facultaba a AENA para reclamar en nombre de los pasajeros afectados por la huelga.

AENA solicitaba a Iberia 7.363.592 euros. De ellos, 4.265.420 correspondían a indemnizaciones abonadas a los viajeros, después de que el Ministerio de Fomento acordase pagar a cada uno 250 euros por vuelo cancelado y 180 por pérdida o destrucción del equipaje facturado, siempre que hubiera reclamación. La huelga provocó el cierre de El Prat y la interrupción de los vuelos durante más de 24 horas, coincidiendo con el inicio de las vacaciones.

El ente público también solicitaba 1.117.288 euros por la asesoría legal, otros 1.606.096 euros facturados por la empresa de comunicación Bassat por publicitar las medidas adoptadas por Fomento, 352.984 euros por la atención inmediata a los pasajeros y 21.802 más por la limpieza de las pistas.

Por otra parte, la Audiencia de Barcelona también desestimó ayer la petición de los abogados defensores de suspender el juicio en base al argumento de que la acusación de la fiscalía se basa en la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964, que sigue vigente y que al ser preconstitucional no podría ser aplicada.