El PP valenciano carga contra Zapatero

El PP valenciano se atrincheró ayer en el Parlamento autónomo con una munición dialéctica de un cantonalismo extremo contra el Gobierno central. La excusa fue que ha ejercido su competencia frente al expolio del patrimonio cultural y ha ordenado la paralización del plan de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que prevé prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a través del barrio de El Cabanyal. También el hecho de que ha llevado al Tribunal Constitucional el decretazo del Consell que, en respuesta a la orden del Gobierno, levantó de golpe la protección patrimonial de la barriada marinera, declarada bien de interés cultural (BIC) desde 1993, para intentar esquivar la paralización del plan.

La oposición achaca "una concepción guerrera de la discrepancia" al PP Barberá acusa a la ministra de Cultura de "prevaricación y abuso de poder"

El Consell que preside Francisco Camps convocó ayer un pleno de urgencia de las Cortes valencianas para arremeter contra el Gobierno. Una urgencia que no impidió que Camps estuviera ausente del hemiciclo y prefiriera visitar unas obras del metro de Valencia, mientras el vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino, en una agresiva intervención, acusaba al presidente Rodríguez Zapatero de cometer un ataque "injustificable e injustificado" al autogobierno valenciano y de hacer un uso "arbitrario y desproporcionado" de una competencia legítima del Estado. Cotino exigió al Gobierno que retire el recurso ante el Tribunal Constitucional para convocar una comisión bilateral Estado-comunidad autónoma en la que se aborde el conflicto de competencias sobre El Cabanyal.

El portavoz parlamentario del PP y también consejero, Rafael Blasco, llegó a asegurar que el Ministerio de Cultura trafica con "el orgullo de las instituciones valencianas" antes de calificar al de Rodríguez Zapatero como "un Gobierno antipatriota que está llevando el país a la ruina". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que también es diputada autonómica, eludió intervenir en el debate, pero se despachó en una rueda de prensa en la que acusó a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, de cometer "prevaricación y abuso de poder" al paralizar su plan de atravesar El Cabanyal, un núcleo singular por su trama urbana y sus edificios de modernismo popular, con una avenida hasta el mar.

Esta "concepción guerrera de la discrepancia", como calificó el portavoz socialista, Ángel Luna, la actitud del PP, fue duramente criticada por la oposición. Luna, que recriminó a Camps "una manera autoritaria de gobernar", afirmó: "El caso Gürtel les tiene paralizada la cabeza, esa cabeza que tendría que estar aquí y está bajo tierra [en alusión a que el presidente del Consell visitaba en esos momentos las obras del metro]". Mònica Oltra, portavoz de Compromís pel País Valencià, se las vio con Cotino, a quien acusó de que su familia tiene intereses, a través de la empresa Sedesa, en el plan urbanístico del Cabanyal, y preguntó al PP cómo se atreve a exigir ahora diálogo al Gobierno si no ha aceptado sentarse nunca a hablar con los vecinos de la plataforma Salvem el Cabanyal, que se oponen al plan de la alcaldesa. Marga Sanz, de Esquerra Unida, defendió la actuación del ministerio y exigió al PP que abandone el plan del Cabanyal y su "victimismo extremo"