Libertad bajo fianza para los acusados por el 'juicio islámico' de Valls

Los siete imputados en cárcel preventiva que supuestamente condenaron a muerte a una mujer en una suerte de tribunal islámico establecido en Valls (Tarragona) podrían quedar en libertad bajo fianza de hasta 6.000 euros de forma inminente. Así lo ha dispuesto el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona que lleva la causa: pese a admitir la gravedad de la pena a la que se enfrentan, 23 años de cárcel, por los delitos de detención ilegal, tentativa de homicidio y asociación ilícita, el juez justifica tal medida ante la reiterada ausencia de la denunciante, testigo protegido que reside en Marruecos y "única prueba de cargo" contra los acusados.

La fiscalía ha apelado la decisión a la Audiencia Provincial ya que aprecia un riesgo de fuga evidente porque "podrían encontrar refugio" en el país de los imputados, Marruecos. La Audiencia decidirá en dos semanas, precisaron fuentes judiciales. Otros tres imputados están en libertad con cargos debido a que el juez consideró probado su arraigo en Valls.

El juzgado considera que la dilación en la "repetida e incluso anhelada declaración de la víctima" por causas ajenas al juzgado supone un perjuicio excesivo para la presunción de inocencia de los imputados, entre rejas desde el pasado octubre. En este periodo el juzgado citó a la testigo en dos ocasiones para que declarara mediante videoconferencia desde Ceuta.

Secreto parcial

La mujer no se presentó y el juez volvió a citarla, mediante un exhorto a un juzgado de Marruecos, el 12 de marzo. Esta será la fecha clave para esclarecer un caso que permanece bajo secreto parcial de sumario y que deriva de una investigación de ocho meses de los Mossos d'Esquadra. El cuerpo policial realizó intervenciones telefónicas y videograbaciones por helicóptero para concluir que era "probable el establecimiento de un tribunal islámico en Valls y cercanías".

La defensa de los imputados sospecha que los Mossos utilizaron el testimonio de la presunta víctima como pantalla para lograr autorización judicial con la que realizar escuchas y vigilancias alrededor del colectivo marroquí. "El juez deja entrever que en toda la investigación la policía no halló ni una sola prueba", protestó uno de los letrados, que pidió anonimato.