Aguirre politiza la dirección de la Agencia de Protección de Datos

El Gobierno de Esperanza Aguirre tiene previsto nombrar hoy como nuevo director de la Agencia de Protección de Datos regional a Santiago Abascal, de 33 años, hasta ahora presidente de la Asociación para la Defensa de la Nación Española (DANAES), según fuentes populares y del Gobierno regional. Abascal cuenta además con un largo currículo en el PP vasco, donde ha sido concejal de Llodio, procurador de las Juntas Generales de Álava, diputado regional, presidente de Nuevas Generaciones y miembro de la Ejecutiva regional del PP vasco hasta 2005. La decisión ha causado bastante malestar entre la oposición y los sindicatos, que todavía no tienen constancia oficial del nombramiento.

Su designación pondrá fin al mandato de ocho años del anterior director, Antonio Troncoso, que ahora volverá al mundo de la universidad para tratar de obtener una cátedra en Derecho Constitucional. Un hombre que fue elegido por unanimidad y que ha realizado una labor independiente, revisando, cuando ha hecho falta, decisiones y actitudes que podían ir en contra del propio Gobierno de la Comunidad o del Ayuntamiento de Madrid.

Abascal dirige la Asociación para la Defensa de la Nación Española

El Gobierno regional ha dado varias subvenciones a la entidad

Sin embargo, con esta vinculación al PP, el futuro director de la agencia tendrá más complicado ejercer su cargo de la misma forma. Y es que el director de la Agencia de Protección de Datos está obligado a ejercer el cargo con "plena independencia y objetividad", según el artículo 16.2 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid. Además, no debe "estar sujeto a mandato imperativo o instrucción alguna en el desempeño" de sus funciones.

Otro de los factores que esgrimen los detractores del posible nuevo director de la agencia es que la asociación que ha presidido hasta ahora recibe cada año subvenciones de la Comunidad de Madrid. En los presupuestos de 2010 figuran 57.375 euros a cargo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. En 2009 se consignaron 90.000 euros y, en 2008 fueron 100.000 euros para la organización conservadora que preside Abascal, según las cuentas regionales.

De confirmarse la designación, Abascal, muy cercano a María San Gil, será un nuevo caso de político del PP poco afín a las tesis de Mariano Rajoy al que Esperanza Aguirre da cobijo en la Comunidad de Madrid.

El nombramiento está previsto que se produzca hoy en la reunión de la comisión ejecutiva de la Agencia de Protección de Datos, que comenzará a las diez de la mañana y tiene esta decisión como punto único del orden del día.

Sin embargo, la sustitución del anterior director, Antonio Troncoso, a quien se le termina el mandato, provocó ayer la protesta de algunos de los miembros de la comisión que no pertenecen al PP y algunas quejas veladas en el seno de la Agencia de Protección de Datos. La diputada socialista Rosa Alcalá, que representa a su partido en la comisión de la agencia, envió ayer una carta de queja porque se le había negado el nombre del futuro candidato antes de la votación. "¿Cómo puedo comprobar yo allí que el candidato reúne los requisitos?", se preguntaba ayer la diputada. "El anterior presidente era un doctor en Derecho Constitucional, que seguro que tenía vinculación con el PP, pero al menos era experto en la materia", agrega. Alcalá considera que es una "grave vulneración de derechos de los miembros de la comisión" no haber tenido con anterioridad el nombre del candidato al puesto.

De la misma opinión era Daniel López, miembro de CC OO y representante del grupo sindical. "La Comunidad de Madrid no se ha molestado en consensuar un candidato porque desprecia este tipo de organismos donde el puesto de dirección es muy técnico", afirmó ayer. "Si se confirma, vamos a votar en contra porque ésta no es la forma de comunicarnos su propuesta", dijo López. "Sin conocer el perfil con antelación no tienes forma de saber si cumple los requisitos".

La votación del nuevo director será un mero trámite, porque el PP cuenta con mayoría suficiente para hacerlo sin consenso.