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Cultura agilizará los informes de protección del patrimonio

Una fundación resolverá el atasco actual de expedientes

Cerca de 4.000 bienes culturales, desde restos arqueológicos a edificios o restos del pasado industrial, están a la espera de que el Gobierno vasco decida si su conservación merece protección legal. El Departamento de Cultura resuelve una media de 15 expedientes al año, por lo que, con los medios actuales, la revisión de todos los bienes incluidos hasta ahora en el inventario llevaría cerca de 300 años. Para resolver el atasco, Cultura prevé contar a partir de mediados de año con la colaboración de Zain, un grupo de investigación sobre patrimonio gestado en la Universidad del País Vasco (UPV), que se ocupará de la elaboración de los informes técnicos.

Nueve personas -arquitectos, arqueólogos e historiadores- integran el servicio dependiente de la Dirección de Patrimonio sobre el que recae, entre otras tareas, la evaluación de los bienes culturales del País Vasco. Desde la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural en 1990 se arrastra un notable retraso en la aprobación de los expedientes, una situación similar a la que se registra en otras comunidades autónomas. Tras la incorporación del edificio o la pieza en el inventario, se inicia el trámite del procedimiento administrativo de protección, que comienza con un informe técnico sobre su valor cultural e histórico. Por término medio, desde que se abre el expediente hasta que la resolución es publicada en el Boletín Oficial del País Vasco pasan de seis a 10 meses.

Cultura contempla la revisión de la Ley de Patrimonio, aprobada en 1990

"Los recursos son insuficientes para agilizar la resolución de expedientes y actualizar el catálogo", asegura el director de Patrimonio Cultural, José Luis Iparraguirre. Zain intervendrá realizando los informes técnicos y la puesta al día del catálogo de bienes culturales, la base del proceso de protección. El procedimiento administrativo seguirá en manos de la Dirección de Patrimonio.

Cultura espera que la colaboración con Zain comience antes del próximo verano. Para ello deberá constituirse en una fundación, participada por el Gobierno, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, que prestará sus servicios al Departamento de Cultura. Las tres instituciones financian la instalación de la sede de Zain en el palacio Maturana-Verastegui, en el casco histórico de Vitoria.

En el País Vasco ya están protegidos unos 400 bienes culturales. Cada año se suman unas 15 solicitudes, presentadas por asociaciones, por particulares o de oficio, que se suman al inventario de 4.000 bienes a la espera de calificación. Un patrimonio, opina Iparraguirre, "poco conocido, poco valorado y poco protegido". Cultura contempla la revisión del marco legal. "La ley de 1990 se ha quedado obsoleta en su definición de patrimonio cultural y es necesario adaptarla y abrirla a nuevas áreas, como la industria", señala el director de Patrimonio.

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Iparraguirre defiende que Zain será un instrumento importante en la gestión de la protección de los bienes culturales. Con su colaboración espera que al término de 2010 se triplique el número de expedientes elaborados, hasta alcanzar los 50. Sus previsiones apuntan a que el siguiente año, con todo el ejercicio a pleno rendimiento, se puedan alcanzar el objetivo de los 200 expedientes. Reconoce, sin embargo, que con un centenar quedaría satisfecho. "Hay que incrementar el ritmo, pero sabemos que no se acaba con el proceso en cuatro años".

Sede del siglo XVI

- Zain tendrá su sede en el palacio Maturana-Verastegui, una casa señorial del siglo XVI, ubicada en la calle Correría, en pleno casco histórico de Vitoria. El edificio, construido en sillería, mampostería y entramado de madera y ladrillo, es una construcción de estilo gótico-renacentista, que consta de planta baja y dos alturas y luce en su fachada el escudo de armas de los Maturana. El palacio es propiedad del Ayuntamiento de Vitoria. Su rehabilitación para albergar la sede de Zain se puso en marcha en enero de 2008 con la firma de un convenio entre el Gobierno vasco, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria. El Gobierno aportará a la rehabilitación del edificio para convertirlo en centro de investigación del patrimonio cultural un total de 3,5 millones de euros. El presupuesto se completará con la aportación de 2,2 millones por la Diputación y 1,3 millones por el Ayuntamiento, que también cede el edificio.

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