El Tribunal de Cuentas investiga la malversación del Palau
El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para esclarecer el destino de los fondos públicos que supuestamente malversaron Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música, y su mano derecha, Jordi Montull. La decisión fue comunicada ayer a la fiscalía, a la Abogacía del Estado, al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat y al Consorcio del Palau de la Música, que ahora tienen cinco días para solicitar que se nombre un instructor de la causa o que se archive.
Representantes de esas instituciones anunciaron que optarán por la primera alternativa para facilitar el trabajo al Tribunal de Cuentas y que se acabe reclamando a Millet y Montull la devolución del dinero público malversado. Este supuesto delito todavía no les ha sido imputado a los saqueadores confesos.
El Tribunal de Cuentas ha adoptado esa decisión tras recibir el informe de fiscalización enviado por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre el Palau de la Música que se ha elaborado a partir de los datos remitidos por la Intervención de la Generalitat.
Esos documentos revelan que el Consorcio del Palau, en el que están representados el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Cultura y la Generalitat, pagó al Orfeó Català 1,7 millones de euros que no están registrados. Entre otras irregularidades citan otros 750.00 euros por obras y suministros realizados en los domicilios de los acusados o de sus familias, y 623.00 euros procedentes de fondos del Ministerio de Cultura.
Interventor destituido
En el caso está imputada también Gemma Montull, hija de Jordi y que era la directora financiera del Palau. La mujer mantiene una relación sentimental con Enric Fernández, un interventor de la Generalitat que en su día auditó el Palau. Ayer trascendió que se han descubierto facturas por importe de 97.000 euros por unas obras efectuadas en un piso de Fernández y que se pagaron con fondos del Palau.
El Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat, del que depende Fernández, anunció que le ha apartado de manera fulminante de sus funciones, que ha comunicado los hechos al juez y que ampliará la investigación para esclarecer si existen más responsabilidades administrativas.
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