El Gobierno pretende blindar las reformas educativas con el pacto

Entre las medidas que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presentó ayer a las comunidades autónomas como base para el pacto educativo, hay una que por sí sola puede significar un vuelco radical: que cualquier cambio normativo en la enseñanza requiera del acuerdo de dos tercios de los diputados del Congreso. Aunque quizá la iniciativa más sorprendente es la que pretende separar a los niños en 4º de la ESO (a los 15 años) en dos vías -una enfocada a cursar después bachillerato y la otra, FP-, la mayoría en el Congreso significaría que los partidos con opciones de gobernar, PSOE y PP, se comprometen a blindar el pacto, a contar con el otro si quieren cambiar la ley, algo que no ha ocurrido nunca.

Gabilondo: "No es un documento del PSOE ni del ministerio, sino de acuerdo"

Mucho se ha hablado en las últimas semanas del incierto futuro de este pacto, sobre todo después de que la semana pasada, el presidente del PP, Mariano Rajoy, presentara las propuestas de su partido en un acto en Toledo. Entonces, Gabilondo ya dijo que estudiaría sus aportaciones (firmadas por las seis comunidades gobernadas por el PP) junto con las del resto de autonomías. Así, con todas ellas y las que han remitido sindicatos, asociaciones de padres o patronales, Educación ha redactado un documento de 28 páginas y 104 medidas que ayer entregó a los consejeros de Educación. "No es un documento del partido socialista", y tampoco es "la posición del ministerio", insistió Gabilondo, sino un texto "con voluntad de pacto". Ahora se abre otro periodo de aportaciones para que, hacia el 22 de febrero, haya un documento definitivo para debatir "en profundidad".

De momento, el texto plantea que en 2020 el 85% de los jóvenes tengan al menos el bachillerato o la FP de grado medio o alcanzar la media europea de gasto educativo en 2015 (el 5,4% del PIB, ahora en España es el 4,92%). Cada año, se haría una memoria económica de las medidas a poner en práctica en ese periodo. La idea general es flexibilizar el sistema para que nadie se quede en el camino (ahora abandonan los estudios prematuramente casi un tercio de los jóvenes) pero a la vez dar mucha mayor calidad (el informe Pisa deja a España en un lugar mediocre).

La reacción de los consejeros del PP ha sido prudente, aunque no renunciaron a destacar las líneas irrenunciables para su partido, como la libertad de elección de centro o la enseñanza del castellano en las comunidades bilingües, algo que echó en falta la responsable madrileña, Lucía Figar. Hay "ausencias notables", dijo. Pero, en general, el documento ha tenido una buena acogida entre un amplio espectro ideológico de la comunidad educativa: desde los sindicatos CC OO Y UGT o la asociación laica de padres Ceapa, hasta la asociación católica de padres Concapa o la patronal CECE (impulsores del boicoteo a Ciudadanía). El portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, se quejó de "falta de concreción".

El hecho es que, dentro las buenas voluntades que marca el papel, la medida concreta más novedosa es hacer más "orientador" 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En ese momento, con 15 años, el alumno elegiría entre un curso orientado a la FP y otro, al bachillerato, aunque ninguno de ellos condicionará la decisión final del alumno a la hora de elegir sus estudios posobligatorios. Tendrían un tronco común de asignaturas y otro específico.

El ministerio ha tomado así una especie de camino del medio en torno a la petición del PP y de otros sectores (entre otros, UGT) de hacer un bachillerato más largo (los populares proponen reducir un curso la ESO), ya que, para una parte de los alumnos, 4º se convertiría en una especie de primer curso de bachiller, explica el secretario general de FP, Miguel Soler. Y, sin embargo, Soler asegura que no se renuncia a la conquista de tener una formación común hasta los 16. Ésta, sin duda, será una propuesta polémica que, para el Sindicato de Estudiantes, puede provocar "la expulsión de los estudiantes con más dificultades".

Por lo demás, el documento recoge multitud de iniciativas que ya están en marcha o reflejadas en distintos proyectos (el plan contra el abandono escolar, la reforma de la FP o la ley de Economía Sostenible, entre otras). Por ejemplo, más plazas públicas de educación infantil hasta tres años, refuerzos educativos tempranos (incluso en infantil), la flexibilización de los caminos de ida y vuelta entre el bachillerato y la universidad, la FP y el mercado de trabajo. Además, hay algunas ideas fuerza del PP, como el fomento de la exigencia, el mérito, el esfuerzo y la excelencia. En cuanto al profesorado, también coinciden con el PP en la revisión del sistema de acceso de los profesores. Y hay una propuesta casi calcada de la ley catalana de educación, pero que también recogía el texto del PP: crear una especie de contratos-programa entre los Gobiernos autonómicos y los centros por el que éstos son financiados y dotados en función de unos objetivos concretos a varios años.

Se trata de 104 propuestas, muchas de ellas se quedan en declaración de intenciones, otras a priori son fácilmente aceptables, pero algunas pondrán el pacto en aprietos. Gabilondo lanzó un mensaje: "Hay tal demanda social por el pacto que espero que ningún partido deje de estar a la altura".