La política frente a la crisis

Se sabe que sucesos imprevistos pueden cambiar completamente la orientación política de un Gobierno. Así, la crisis económica ha trastocado, como no podía ser de otro modo, la agenda política de Zapatero.

Las cuestiones que centraron su primera legislatura parecen ahora lejanas en el tiempo, casi como de otra época. Ahora la preocupación principal del Gobierno se centra en las medidas que puedan llevarse a cabo para salir de la crisis. El debate gira en torno a tres grandes cuestiones: la intervención del Estado en la economía mediante planes de rescate de los sectores más afectados y planes de estímulo de la actividad económica; la protección social a los parados y las reformas del sistema productivo y del mercado de trabajo.

Salvo en protección social, el Gobierno ha desdibujado su perfil socialdemócrata en esta crisis económica

Faltan medidas para reducir abusos, privilegios y desigualdades

A la hora de valorar la gestión del Gobierno durante la crisis, resulta imprescindible extraer algunas lecciones de lo que fue la orientación de la anterior legislatura, con sus aciertos y sus puntos negros. En este sentido, si algo caracterizó al Gobierno de Zapatero durante los años 2004-08 fue la audacia de muchas de sus iniciativas. Hubo diversos asuntos que hicieron sonar todas las alarmas entre los grupos reaccionarios del país. La lista es bien conocida y no hace falta entrar en muchas explicaciones: retirada de tropas de Irak, aprobación del matrimonio homosexual, proceso de paz para acabar con el terrorismo, revisión del sistema autonómico, Ley de Memoria Histórica, Ley de Dependencia, regularización de los inmigrantes, inversiones masivas en I+D, fin de la manipulación informativa en Televisión Española y Radio Nacional, ley contra la violencia de género, aumento del gasto en cooperación internacional...

Muchas de estas iniciativas suscitaron apasionados debates en la sociedad. Si bien la mayor parte de quienes escriben en los medios de comunicación adoptaron una postura crítica, en ocasiones con un fuerte tono condescendiente, en general hubo en la opinión pública una mayoría favorable a los planes del Gobierno en casi todos los asuntos mencionados. No obstante, la valoración que ese conjunto de medidas debe merecer depende, como es lógico, del punto de vista de cada uno.

Lo cierto es que el PSOE ganó las elecciones de 2008 con cierta holgura, aumentando en porcentaje de votos y en escaños con respecto a 2004, si bien también el partido de la oposición, el PP, mejoró sus resultados, produciéndose la mayor concentración de voto en los dos grandes partidos de nuestra historia democrática. Los socialistas lograron la victoria en 2008 en buena parte gracias a los apoyos que Zapatero activó en la izquierda. Si en 2004 el 49% y el 66% de quienes se sitúanideológicamente en posiciones de extrema izquierda e izquierda votaron al PSOE, en 2008 esos porcentajes subieron al 59% y el 71%, respectivamente.

De este reforzamiento en el voto de la izquierda no suele hablarse apenas, pero es de gran importancia, sobre todo teniendo en cuenta que en los Gobiernos de Felipe González hubo un desgaste constante, muy acusado tras la huelga general de 1988, entre el electorado de izquierdas, que fue alejándose más y más del PSOE hasta la derrota de 1996 y el posterior hundimiento en las elecciones de 2000. El Gobierno de Zapatero, en cambio, logró que tras una gestión enormemente controvertida, la izquierda aumentara en 2008 su apoyo al PSOE.

Esto no quiere decir que toda la gestión del PSOE atendiera a principios ideológicos coherentes. Sin ir más lejos, en política social se impulsó el plan de dependencia, que es de factura típicamente socialdemócrata, pero también se aprobó un cheque-bebé típicamente democristiano en su inspiración y planteamiento, en detrimento, por ejemplo, de la construcción de guarderías públicas, un gasto más productivo y también con mayor potencial igualitario. Asimismo, es necesario tener en cuenta que algunos electores de izquierda pudieron votar al PSOE no tanto por convencimiento como para frenar la victoria de un PP desaforado y rabioso por haber perdido el poder.

A pesar de todo esto, el hecho es que Zapatero, en su primera legislatura, arriesgó en sus políticas y consiguió una recompensa en las elecciones de 2008.

¿Hasta qué punto encaja la gestión de la crisis en esta historia? Hay algunos elementos de continuidad evidentes, como el compromiso de no recortar la protección social, aun si eso supone un aumento considerable de la deuda pública, o el esfuerzo por evitar cualquier conflicto con los sindicatos en las circunstancias actuales. Además, el Gobierno sigue avanzando en sus reformas sociales y civiles, como se ha visto con la reciente modificación de la ley del aborto o con la anunciada ley de laicidad.

Pero también hay elementos de diferencia. Así, el Gobierno ha puesto todo el énfasis en sus esfuerzos por salir de la crisis, pero sin dedicar apenas atención a la cuestión de los orígenes de la misma y del reparto de sus costes en la sociedad. Hay un cierto consenso en que los bancos y entidades financieras fueron demasiado lejos, endeudándose más allá de lo razonable y obteniendo unos beneficios descomunales durante los años de bonanza. Quizá no hubiera más remedio que acudir al rescate del sistema financiero para evitar el colapso total de la liquidez y el crédito, pero mucha gente se pregunta si a cambio no habría que haber establecido algunas contrapartidas.

El Gobierno, al igual o incluso en mayor medida que sus homólogos europeos, ha aprobado gastos masivos de inspiración keynesiana para tratar de reactivar la economía. El Plan E es, sin duda, el mejor conocido y el que ha tenido resultados más visibles.

Sin embargo, en lo que se refiere a la regulación de los ingresos de los ejecutivos, los impuestos a la banca o los instrumentos legales que utilizan los ricos para evadir su responsabilidad fiscal (como las famosas SICAV, que a pesar de que todo el mundo sabe que son fraudulentas, el Gobierno ha renunciado a controlar), Zapatero ha ido más bien a remolque de lo que iban haciendo Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, sin lanzar propuestas novedosas y ambiciosas.

Salvo el asunto más bien simbólico de la derogación de los privilegios fiscales de los que disfrutaban futbolistas extranjeros multimillonarios, no se ha avanzado mucho en este terreno. Para complicar aún más el panorama, se ha aprobado una reforma fiscal que recaerá fundamentalmente sobre gente con ingresos medios, no con ingresos altos, y que ha sido mal recibida por la opinión pública.

Es verdad que lo prioritario en las actuales circunstancias es salir cuanto antes de la crisis, pero se puede hacer de varias formas. El Gobierno parece haber apostado por cultivar una cierta imagen de solvencia que no despierte controversia ideológica, con intención de capitalizar electoralmente la recuperación económica cuando ésta llegue. El mejor ejemplo es el Plan de Economía Sostenible. Se trata de una apuesta discutible, pues al dejar de lado las cuestiones redistributivas desdibuja el perfil socialdemócrata del Gobierno y puede terminar provocando el mismo tipo de desencanto que se dio en la izquierda durante la fase final del mandato de Felipe González.

No es fácil entender, en cualquier caso, por qué una gestión eficiente de la crisis exige descuidar los aspectos que tienen que ver con los límites que deban imponerse al funcionamiento del capitalismo. La crisis ha sido demasiado profunda para que ahora sólo se aspire a recobrar tasas positivas de crecimiento. Eso desde luego es necesario, pero no suficiente. Muchos agradecerían que se tomaran también medidas para reducir los privilegios, desigualdades y abusos que han dado lugar a la situación actual.

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.