Ninguna Administración controló a diez jóvenes delincuentes con graves delitos

Rafael Fernández, El Rafita, condenado cuando era menor por el asesinato de la joven Sandra Palo, no ha tenido guardián que controle si cumple sus medidas de libertad vigilada. No ha sido el único. La Comunidad de Madrid ha remitido desde abril al centro de inserción social Victoria Kent, dependiente de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior), otros nueve casos más de jóvenes ya mayores de edad que, siendo menores, cometieron delitos graves para que controlara su libertad vigilada. Cumplieron internamiento por agresiones sexuales, asesinatos, homicidios o robos con violencia y armas, entre otros delitos. Les quedaba la otra parte de su condena: meses o años de libertad vigilada. Nadie la ha controlado.

Instituciones Penitenciarias dice que no le explicaron qué hacer

La medida de libertad vigilada sólo existe en la Ley del Menor

La Comunidad aseguró ayer que, según las providencias judiciales, no les corresponde controlarles. Instituciones Penitenciarias replica que no sabía cómo actuar con estos chicos con libertad vigilada y que la Comunidad nunca le explicó cómo hacerlo, a pesar de que el primer caso es de hace nueve meses. Además, reclamaba una traducción de la medida de libertad vigilada, recogida en la Ley del Menor, a la normativa que rige a los adultos condenados. La reaparición de El Rafita precipitó una reunión ayer entre las dos Administraciones. Acordaron que Instituciones Penitenciarias asuma el control de la libertad vigilada en todos los casos.La primera notificación es del 3 de abril de 2009. Le sigue el auto judicial de El Rafita, de noviembre. El resto se realizaron entre diciembre y el pasado lunes, 25 de enero. Los escritos se refieren a 10 condenados en total que cometieron graves delitos cuando eran menores y que se han hecho adultos internos en centros o cuando ya estaban en libertad vigilada.

Son agresores sexuales, asesinos, homicidas o ladrones que robaron con fuerza y armas, según datos facilitados por la Comunidad. Ninguna de las dos administraciones ha seguido su evolución, tal como admiten Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) y la Comunidad. Eso quiere decir que el primero de los 10 delincuentes (incluido El Rafita) vive desde hace nueve meses en un limbo burocrático cuya consecuencia es que nadie sigue sus pasos.

Instituciones Penitenciarias ha mantenido esta semana que el primer caso de libertad vigilada para un delincuente juvenil que le remitió la Comunidad fue el de Rafael Fernández, El Rafita. Ayer, una portavoz de la institución aseguró que no sabían cómo actuar con estos chavales que cumplían el régimen de libertad vigilada. Argumentan que nunca se les había explicado cómo hacerlo y que les faltaban datos.

En casos como el de El Rafita, Instituciones Penitenciarias ni siquiera tenía el expediente, que aún obra en manos de la Comunidad, por lo que desconocía las medidas que se le habían impuesto para hacer seguimiento, según la portavoz del organismo. Pero el argumento principal por el que no habían asumido este tipo de casos, según Instituciones Penitenciarias, es la dificultad de trasladar el concepto de libertad vigilada (sólo existe en la Ley del Menor) a las normativas que rigen para los adultos.

Por ejemplo, un mayor de edad en libertad condicional sólo tiene que firmar en el juzgado y no delinquir para evitar la prisión. En libertad vigilada, la detención no supone la reclusión automática. El Rafita ha pisado tres veces la comisaría desde el pasado junio por tres delitos menores. El último episodio ocurrió el pasado domingo, cuando fue detenido junto con otros tres hombres por intentar robar un todoterreno en Carabanchel. Los vecinos sorprendieron a los supuestos ladrones.

La libertad vigilada tiene normalmente un cariz educativo y obliga a controlar la evolución del condenado. La Comunidad de Madrid fue la Administración que asumió en primer lugar el programa que el juez estableció a El Rafita, en junio 2007, cuando quedó libre a los 17 años. Controló los distintos lugares dónde debía vivir (pasó dos años en Andalucía porque el juez le mandó abandonar Madrid) y los cursos que tenía que seguir.

En los últimos meses, la única medida que le ha ordenado cumplir el juez ha sido una similar a la de los adultos en libertad condicional: firmar dos veces al mes en el juzgado (de menores, en su caso), según trascendió ayer tras la reunión entre Instituciones Penitenciarias, la Comunidad y distintos organismos judiciales.

Madrid solicitó en septiembre traspasar el expediente de Rafael Fernández, que ahora tiene 21 años, a Instituciones Penitenciarias después de que se fugara de Andalucía. Una televisión lo había grabado. Ya no se sentía anónimo y seguro. Regresó a Alcorcón, donde reside con su familia en un piso social.

Marcharse de Andalucía o no conseguir trabajo suponían un quebrantamiento de la libertad vigilada. El fiscal reclamó que le quitaran estas obligaciones al Rafita, porque no las cumplía. El juez rechazó esa petición y , en un auto confuso, abrió la puerta a que lo controlara Instituciones Penitenciarias. Este organismo consideró que le faltaban datos para poder asumirlo. Hasta ayer.