Los rescoldos de Horta

El pasado julio, el fuego arrasó 1.150 hectáreas en Horta de Sant Joan (Tarragona) y segó la vida de cinco bomberos de élite. Desde esa misma tarde, levantaron más humo el tacticismo y oportunismo político que el propio incendio. Las llamas prendieron cuando acababa de sellarse el acuerdo sobre la nueva financiación autonómica, de modo que a todos urgía sacar conclusiones: al tripartito catalán, para evitar que en tan poco tiempo su éxito negociador quedase reducido a cenizas; y a la oposición, por los motivos opuestos. Ello explica la demagogia de algunos alcaldes nacionalistas de la zona, quienes, azuzados o no por sus partidos, desde el minuto uno de la tragedia achacaron la muerte de los bomberos a supuestos errores de coordinación de la Generalitat, antes incluso de que arrancase la investigación judicial.

A idéntico oportunismo cabe imputar también la apresurada comparecencia en el área calcinada del consejero catalán de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, que identificó "con toda rotundidad" como origen del incendio un pino sobre el que había caído un rayo seis días antes. Cuando posteriores informes desmintieron -ahora sí, rotundamente- tan precipitadas conclusiones, la Generalitat guardó silencio. Aun después de pedir disculpas por su error, el consejero ecosocialista pretexta que su deber era silenciar las nuevas evidencias, porque la juez instructora había ordenado el secreto de las diligencias. Sin disculpar su tropiezo, cabe reseñar que éste no alteró el curso de unas investigaciones que, a la postre, condujeron al arresto de dos excursionistas, culpables confesos de haber provocado el incendio. Que Baltasar diera crédito a un informe técnico no suficientemente contrastado puede ser objeto de reproche político, pero demandar por ello su dimisión, como han hecho CiU y PP, se antoja una hipérbole muy propia de estas fechas preelectorales.

Es en el fragor de la batalla por la Generalitat en el que se debe inscribir la insistencia de la oposición catalana en exigir también la dimisión del consejero de Interior, Joan Saura, como responsable político de unos fallos de coordinación en las labores de extinción que habrían tenido como consecuencia fatal el fallecimiento de cinco bomberos. Por desgarradoras que sean las transcripciones de las llamadas de auxilio de las víctimas y el testimonio del único superviviente, ninguna de las pruebas recogidas por la juez indica una actuación dolosa por parte de las superiores de la brigada antiincendios, como así lo sugiere el hecho de que los dos únicos imputados son los supuestos pirómanos.

La investigación aclarará si los bomberos recibieron toda la información disponible para tomar la mejor decisión en cada momento. Pero ésa es tarea de la justicia. Impulsar juicios paralelos o avivar los rescoldos del incendio por interés partidista y electoral no es el mejor modo de honrar a los fallecidos en acto de servicio.