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Reportaje:

"Llevo años buscando a mi hijo"

España ha registrado desde 2007 casi 500 casos de sustracción parental de niños - A veces pide el regreso de un menor y otras es el país requerido

Una surafricana se casa con un brasileño, tienen un hijo y lo crían en Djibuti; una pareja de Bora-Bora emigra a EE UU; dos altos funcionarios internacionales (él argelino, ella española) celebran su boda en Ginebra y los destinan a Vietnam, donde ella se enamora de un bielorruso y se marcha a Minsk con sus hijos. Este tipo de casos, auténticos quebraderos de cabeza para los estudiantes de Derecho, se dan cada vez con más frecuencia. Los gráficos migratorios muestran masas humanas en constante movimiento. Mientras se trasladan, los seres humanos se enamoran, se emparejan y procrean. El problema llega cuando se separan. ¿Qué pasa con esos niños? A veces, un buen día, y sin avisar, uno se los lleva a su propio país, o a un tercero, y el otro no vuelve a verlos jamás.

Los hijos de Rebeca están en Argelia desde 2004 y han olvidado el español

Los flujos migratorios han aumentado el número de casos

Les ha pasado a Kristiina, a Rebeca, a centenares de padres y madres. "Son situaciones psicológicamente durísimas, de una violencia muy fuerte", dice el abogado especializado Adolfo Alonso. Sólo entre enero de 2007 y junio de 2009, el Ministerio de Justicia español ha recibido 482 solicitudes para intervenir en casos de secuestro parental de menores: en 273 expedientes nuestro país era el lugar en el que supuestamente estaba el niño secuestrado; en los otros 209 era el que pedía a otro Estado que el menor regresara a España, de donde había salido de forma ilícita. No se han facilitado los datos de los expedientes que están vivos en estos momentos, ni de cuántos se han resuelto en los últimos años. La fundación española Childcare, creada por padres y madres afectados, ultima un informe estadístico sobre el tema.

Para resolver estas situaciones existe la Convención de La Haya, un tratado internacional de 1980 ratificado por España que establece las normas que se deben aplicar. Los países que la han firmado tienen una autoridad específica que hace de mediadora. Aparentemente, todo es fácil. En la práctica, surgen infinidad de problemas dependiendo del país de que se trate. Por lo general, dentro de la UE se suele solucionar (aunque no siempre). A veces los Estados no se ponen de acuerdo, como ocurrió entre España y EE UU en el caso de la valenciana María José Carrascosa; y si son países con instituciones débiles y el que se ha llevado al niño lo esconde, el caso puede en resolverse o no hacerlo nunca.

"La juez peruana que me tocó ni sabía lo que es la Convención de La Haya a pesar de que su país la ha firmado, así que, ¿de qué me sirve?", se pregunta Kristiina Gusseva, estonia, de 33 años, que lleva 15 meses sin ver a su hijo. Las autoridades le han dicho que su caso es "de libro" y que debería ser fácil de arreglar. No lo es.

Conoció al padre de su hija, el peruano José Wilfredo Pajares, siendo estudiante en Madrid, en el año 2000. Volvió a Estonia, pero mantuvo el contacto con él y en 2004 regresó a España. Se quedó embarazada cuando la relación iba mal. Se separaron, a ella le otorgaron la custodia y al padre le dieron un régimen de visitas.

El 28 de octubre de 2008 el niño estaba con el padre. Kristiina tenía que ir a recogerlo. "Él me llamó, me dijo que habían venido sus padres desde Perú y que estaban en la playa, en Alicante", recuerda la mujer. "Dos días después dejó de cogerme el teléfono. Me mandó un correo electrónico diciéndome que le habían robado el móvil. A partir del 18 de noviembre no volví a saber nada más. En realidad, se había llevado al niño a Lima el mismo 28 de octubre a pesar de que tenía prohibido judicialmente sacarlo de España sin mi permiso". No ha vuelto a verlo.

A partir de ese momento se puso rápidamente en marcha toda la maquinaria: abogados, el Ministerio de Justicia. La Interpol localizó al niño, pero no ha pasado nada más. El padre ha pedido la custodia en Perú y le ha puesto a Kristiina varias denuncias. "No sólo no recupero a mi hijo, sino que, si sigue pasando el tiempo, quizá hasta pidan mi detención; él me acusa de todo tipo de cosas".

Su abogada pidió a la titular del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, la que lleva el caso, que emitiera una orden de detención internacional sobre José Wilfredo. "Es la única forma de que el niño vuelva a España", dice Kristiina. La juez la denegó argumentando que, en cualquier caso, como el imputado es peruano, la pena por el rapto podría ser sustituida por la expulsión, de forma que no tendría sentido detenerle.

Su letrada apeló la decisión y la Audiencia Provincial le dio la razón. José Wilfredo tiene la nacionalidad española. Por otro lado, aunque no la tuviera, eso no sería razón para no emitir la orden de detención internacional. Así que la Audiencia ha devuelto el caso a la juez para que decida de nuevo. "Ahora el caso vuelve al juzgado de instrucción", se queja Kristiina. "Si no se pide la detención, nuestra única salida, habrá que volver a apelar. Esto son muchos meses más. Todo va muy lento. Mientras tanto, ni sé cómo está mi hijo", dice desesperada.

Si el país en el que se cree que está el niño ni siquiera ha firmado el Convenio de La Haya, todo se complica. Es lo que le pasó a la vallisoletana Rebeca. Se casó con un argelino en 1996 y se fue a vivir con él al Reino Unido. Se convirtió al islam. La relación no funcionó y en 2004 le dijo que quería divorciarse. "Él se lo tomó muy bien, fue todo muy pacífico, sólo me dijo que esperara a que renovara su tarjeta de residencia antes, porque necesitaba estar casado con una ciudadana de la UE". Un día le pidió los pasaportes de los niños para la renovación. Ella se los dio -"me fiaba completamente"- y se los llevó a Argelia. La llamó cuando ya estaba allí.

Rebeca no tenía armas jurídicas para luchar allí. "Los hombres tienen la patria potestad de los hijos". Los llamaba por teléfono pero los niños, de cinco y tres años, a los pocos meses empezaron a olvidar el castellano. "Casi no podíamos entendernos", dice. Ha ido a verlos un par de veces, pero han sido visitas cortas, y raras. Se está perdiendo el vínculo.

El hombre entró en Reino Unido en 2008. Se quería casar de nuevo con una mujer británica de origen argelino. Lo detuvieron y procesaron. No puede salir del país y está a la espera de sentencia. Los niños siguen en Argelia. Llevan desde 2004 sin ver a su madre y desde diciembre de 2008 sin ver a su padre. "No sé ni quién les cuida. Su padre tiene más de 80 años y su madre acaba de morir", dice Rebeca. "Y cuando he hablado con ellos me han dicho que soy mala y que quiero meter a su padre en la cárcel".

"Ella no quiere que lo encarcelen", señala su abogada, Carolina Pedreño, del despacho londinense Dawson Cornwell. "Lo que quiere es llegar a un acuerdo y estar con sus hijos". "No sé qué pasará", dice con tristeza Rebeca. "Quizá tenga que esperar a que cumplan 18 años para explicarles porqué no he estado en su vida".

Un sicario y un avión privado

Algunos casos son tan dramáticos como rocambolescos. Una mujer inglesa casada con un americano residente en Venezuela y con dos hijas, de cinco y siete años, fue atacada por un sicario en su propia casa. El asesino a sueldo le descerrajó varios tiros en la cara el 28 de junio de 2005. Ella salvó la vida de milagro. Nunca se consiguió probar quién había encargado el crimen, pero la mujer siempre sospechó de su marido, del que estaba separada y con el que había tenido agrios enfrentamientos en el juzgado por la custodia de las niñas. Ella había intentado llevárselas al Reino Unido pero la justicia de su país, en aplicación de la Convención de La Haya, la obligó a regresar con ellas a Venezuela.

Después del tiroteo, la mujer se marchó con sus hijas a Londres, de vacaciones. El tribunal le dio permiso. No volvieron. Esta vez, los jueces británicos le dieron la razón: su vida corría peligro. El hombre, multimillonario, maquinó entonces su propio plan de película: sacar a las niñas de Londres en un avión privado y llevarlas a Venezuela. Cuando estaba ya de camino al aeródromo, la madre notificó la desaparición. La policía lo comunicó por radio y el taxista que los estaba llevando se dio cuenta de lo que pasaba. Se desvió del camino y los llevó a una comisaría. El hombre fue condenado a cuatro años de cárcel por el intento de secuestro. Está en prisión.

En España la sustracción de menores está penada con cárcel de dos a cuatro años; en Italia, de uno a cuatro; en Francia la pena máxima es de tres años; y en el Reino Unido, de siete.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de enero de 2010

Fe de errores
En el reportaje Llevo años buscando a mi hijo, publicado el pasado domingo en Sociedad, se dice que el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid denegó una orden de detención internacional de José Wilfredo Pajares, cuando en realidad el que tomó la decisión fue el Juzgado de Instrucción número 24 de la capital.

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