Diputados del PSOE y PP, contra la condena a la SER

Madina y Floriano la consideran "exagerada e inmerecida"

Madrid - 10 ene 2010 - 07:00CET

El coordinador de Comunicación del PP, Carlos Floriano, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Eduardo Madina, rechazan la sentencia de un año y nueve meses de cárcel impuesta a los periodistas de la cadena SER Daniel Anido y Rodolfo Irago por un juez de Madrid, tras haber publicado la identidad de militantes del PP afiliados masivamente en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón. Ambos políticos consideran el fallo judicial, hecho público el pasado 23 de diciembre, como "exagerado" e "inmerecido".

"Yo creo que las penas privativas de libertad tienen un escenario y éste no lo es de ninguna de las maneras. Las penas privativas de libertad deben de tener un elemento lo más restringido posible y no es el caso. Me parece sinceramente una exageración, una exageración muy importante", dijo ayer el responsable de información del PP al programa A vivir que son dos días de la cadena SER.

"Estoy en contra de que se pida cárcel por informar", dice Eduardo Madina

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El socialista Eduardo Madina, por su parte, comentó: "Me declaro completamente en contra de que a dos personas se les pida cárcel por informar. Desconozco cuál es la argumentación de la fiscalía, pero no me parece que esas dos personas merezcan la cárcel por haber hecho su trabajo y haberlo hecho bien. Conclusión: no me gusta nada que se pida cárcel para ellos".

La condena dictada por el juez Rodríguez Fernández impone para Anido e Irago un año y nueve meses de privación de libertad, inhabilitación profesional durante el mismo periodo de tiempo y multas de más de 130.000 euros. El juez consideró al director de la SER y a su jefe de Informativos, respectivamente, culpables de un delito de revelación de secretos, al publicar la web de la emisora un listado con el nombre de 78 militantes afiliados irregularmente al PP en Villaviciosa de Odón (Madrid), una maniobra que fue impulsada por dos constructores vinculados con el tamayazo. Así se conoce el episodio protagonizado en junio de 2003 por el ex diputado socialista de la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y su compañera María Teresa Sáez, cuya ausencia impidió que el candidato socialista Rafael Simancas fuera investido como presidente de la Comunidad de Madrid.

El polémico fallo judicial reconoce que la información sobre este pucherazo denunciado por la SER era veraz, estaba contrastada, era noticiable y de interés publico.

La sentencia ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, cuyo fiscal se ha sumado en su petición a la condena de privación de libertad, aunque rebaja la pena a cinco meses de cárcel sustituibles por multas. El fiscal entiende, pese a su solicitud, que ambos periodistas obraron en el ejercicio del derecho a la libertad de información.

Fernando Madina (izquierda) y Carlos Floriano.

Una cadena de adhesiones

La petición de cárcel del fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid -y en consecuencia el apoyo a la condena por parte de la Fiscalía General del Estado- contradice de forma radical a la práctica unanimidad de las opiniones de asociaciones de jueces y fiscales, catedráticos y expertos que han señalado que los dos periodistas se limitaron a hacer su trabajo y a publicar una noticia veraz y de evidente interés público.

Entre las numerosas muestras de apoyo recibidas desde que se hizo público el fallo judicial, destaca la coincidencia entre el constitucionalista Marc Carrillo y el ex magistrado del Constitucional Rafael Mendizábal, al entender ambos que "cuando se ha probado la veracidad de unos hechos, su interes público y la relevancia de los mismos, tiene que prevalecer siempre el derecho a la información".

Las principales asociaciones de periodistas nacionales e internacionales han manifestado su rechazo rotundo a la condena. Para la FAPE y la APM es "inaudita, desmesurada y asombrosa", en tanto MediosOn, que agrupa a los medios online, destaca su perplejidad ante la valoración del juez Ricardo Rodríguez en la sentencia de que Internet "no es un medio de comunicación social en sentido estricto sino universal" por entender que tal afirmación contraviene el artículo 20 de la Constitución, que regula la libertad de expresión por cualquier soporte.

Sindicatos y políticos han mostrado igualmente su rechazo. El ministro de Fomento, José Blanco, tildó la sentencia de "desproporcionada" en declaraciones a los medios y la ha calificado de "anacrónica" en su blog.

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