Más de 20 menores inmigrantes se fugan de un centro en Vitoria
Las dudas de Álava sobre la edad de los jóvenes, en el trasfondo de la protesta
La tensión en torno a la cuestión de los menores inmigrantes en Álava ha subido un peldaño con la llegada del año nuevo. No conformes con el trato recibido, casi todos los menores tutelados por la Diputación de Álava en el centro de acogida Bideberri de Vitoria -más de una veintena- se fugaron el pasado 5 enero como protesta. 24 horas después, la institución foral denunció la desaparición ante la Ertzaintza, que mantiene la investigación en marcha para localizarles. La Diputación atribuye la fuga a que éstos se negaron a hacer labores de limpieza tras incurrir en una infracción del reglamento. Los jóvenes, por su parte, llevan meses protestando debido a que la Diputación no hace efectiva su tutela al dudar de su verdadera edad. La mayoría son subsaharianos y no tienen un perfil particularmente conflictivo.
El ente foral ha pedido a la Justicia que verifique la edad de más de 30 casos
Aunque las quejas de los menores hasta ahora han sido de diversa índole -malos tratos, horarios, comida, etc.-, fuentes conocedoras del funcionamiento del centro recalcan que éste no es un caso comparable al del centro de Deba en Guipúzcoa, nacido supuestamente, según ONGs y educadores, como un centro disuasorio para acabar con el efecto llamada. El centro Bideberri, situado junto al parque de Molinuevo fue inaugurado como respuesta a la saturación del centro Zabaltzen. Cuenta con instalaciones y medios materiales adecuados.
En el trasfondo del conflicto se encuentran los más de 30 casos, de los 110 tutelados actualmente, en los que la Diputación ha solicitado por vía judicial que se verifique la edad de los jóvenes inmigrantes, al dudar de la autenticidad de sus pasaportes. Este proceso implica que el ente foral no asuma la tutela de los jóvenes, requisito imprescindible para acceder a la ansiada tarjeta de residencia. Los trámites suelen durar meses. Y, aunque hay casos flagrantes de inmigrantes que disponen de un documento que no se corresponde con su edad para beneficiarse del sistema de acogida, la sospecha ha creado un sentimiento de injusticia entre el colectivo.
"Intentamos que no paguen justos por pecadores", señaló a este periódico José Luis Alonso Quilchano, director gerente del Instituto Foral de Bienestar Social. "Hay familias alavesas con menores en recursos generales que nos preguntan por qué atendemos a gente que no es menor de edad", recalca. "Pedimos que se reintegren al centro hasta que se clarifiquen las tutelas", añade.
La Diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, quiso recalcar que en todo momento se ha cumplido el protocolo de actuación -la denuncia fue llevada después al juzgado de guardia- y solicitó comparecer ante las Juntas Generales para explicar la situación.
El ente foral destacó en un comunicado que estos centros son abiertos y funcionan con unas normas establecidas que las personas acogidas deben cumplir. "Siempre hemos dicho que nos vamos a mantener firmes en que se lleve a cabo un control y seguimiento del comportamiento de los menores dentro y fuera del centro", añadió la diputada.
