Choque de parejas

El caso de la española María José Carrascosa, condenada en Estados Unidos por haber trasladado a España a su hija de cuatro años, sin el permiso de su padre estadounidense, ha llamado la atención por la fuerte y desproporcionada condena, 14 años de prisión; pero también por algunos aspectos chocantes de la justicia norteamericana, vista desde este lado del Atlántico: la comparecencia de la acusada encadenada de pies y manos y la áspera reconvención que le hizo el juez una vez acabado el juicio y al margen del procedimiento: "Entérese: el juego se ha acabado".

En los conflictos de pareja que tienen que ver con la pugna por la custodia de los hijos el Código Penal tiene poco que hacer. Y en caso de intervenir, lo tendría que hacer con tiento, conforme al contexto fuertemente emocional en que suelen producirse los hechos. Esto es así en general, y es aplicable tanto en Estados Unidos como España. Pero más allá de la condena, el caso de María José Carrascosa plantea un preocupante conflicto de jurisdicciones entre la justicia española, que otorgó la custodia a la madre, y la norteamericana, que la concedió al padre. Y aunque EE UU y España suscribieron la Convención de La Haya de 1980 que les obliga a respetar sus sentencias, parece que no la interpretan del mismo modo, a falta quizás de criterios claros, y pone de manifiesto la ausencia de instancias supranacionales capaces de dirimir el conflicto.

Esa ausencia se notará cada vez más ante el creciente número de parejas formadas por ciudadanos de distinta nacionalidad. EE UU no debe sentirse satisfecho por que decenas de padres estén recluidos en sus prisiones por casos similares al de Carrascosa. Tampoco España por tener que seguir el rastro de niños reclamados por padres españoles. Como, seguramente, otros países seguirán el rastro en España de niños reclamados por padres de otra nacionalidad.

El juez que condenó a María José Carrascosa la culpabilizó de que "su hija no tendrá ni a una madre ni un padre al que abrazar". Pero haberla mantenido tres años en prisión preventiva y condenarla a 14 de cárcel ha ayudado poco. El choque de nacionalismos judiciales, en el que se impone el más fuerte o el que actúa con ventaja, no va precisamente en beneficio del menor y de su derecho a disfrutar del padre y de la madre en un aceptable régimen de visitas o de custodia compartida.