El PSM critica a la Comunidad por perder 11 millones para portátiles escolares
![Pilar Álvarez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F359503f4-1742-4c31-acda-0470e411fbe9.png?auth=b3fffff50681fb24e3067e84a60662819e819b32fca016bbe31d9daefe583a72&width=100&height=100&smart=true)
El grupo parlamentario socialista recriminó ayer al Gobierno de Esperanza Aguirre que haya perdido 11 millones de euros de fondos estatales para cofinanciar ordenadores para los alumnos de Primaria. Como publicó ayer EL PAÍS, la Consejería de Educación y el ministerio del ramo no alcanzaron un acuerdo a tiempo para la puesta en marcha en Madrid del programa Escuela 2.0, con el que el Gobierno central quiere dotar de un ordenador portátil a cada alumno de 5º de Primaria durante este curso, que en Madrid beneficiaría a más de 50.000 estudiantes. De ahí que la región haya perdido esos 11 millones, a los que Madrid debía sumar otro tanto.
El programa prevé una financiación conjunta entre ambas administraciones. Sólo tres comunidades (Madrid, Valencia y Murcia, gobernadas por el PP) han dejado el acuerdo sin firmar, aunque el Gobierno central asegura que podrán adherirse en el futuro. Madrid pidió, entre otras modificaciones, que se incluya un proyecto piloto que demuestre que el modelo es eficaz y que se considere también la opinión del profesorado y su formación. El 19 de noviembre, la consejera Lucía Figar aseguró además en el pleno de la Asamblea de Madrid que los miniportátiles recomendados por el ministerio (con pantalla de 10 pulgadas y resolución de 1024 - 600 píxeles, entre otras características, según recoge el convenio firmado con Andalucía) no tienen en cuenta los efectos "sobre la salud de los alumnos, fundamentalmente problemas ergonómicos y visuales". Y citó "12 informes" sobre esos posibles efectos que ahora le reclama la oposición.
El diputado socialista Adolfo Navarro considera "estrafalario" que la Comunidad de Madrid "se niegue a colaborar" en el proyecto de digitalización de aulas. "Si la Comunidad tiene constancia científica de que las pantallas pequeñas afectan a la visión y no actúa en consecuencia, está cometiendo un delito contra la salud pública permitiendo la comercialización de un producto peligroso", señaló Navarro.
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