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La Mesa de Diálogo pide el traspaso "inmediato" de las políticas de empleo

Gemma Zabaleta afirma que lo espera "antes del verano", pese al veto del PNV

El País

El Ejecutivo vasco desplegó ayer su primera iniciativa pública para romper el bloqueo del traspaso a Euskadi de las políticas activas de empleo, concedido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en la negociación de los presupuestos del Estado. Lo hizo, además, con el respaldo de los empresarios, representados por Confebask, y de los sindicatos CC OO y UGT, que ya habían demandado anteriormente la transferencia, con quienes se sienta en la Mesa de Diálogo Social impulsada por el lehendakari López.

En una declaración conjunta, los integrantes de la mesa, reclaman "la transferencia de las políticas activas de empleo" y solicitan que se realice "de manera inmediata y sin ninguna dilación injustificada". Este requerimiento contiene una exigencia implícita tanto para el Gobierno central como para el PNV, que al apoyar los presupuestos al presidente Zapatero obtuvo la capacidad de vetar hasta septiembre próximo ese traspaso, esencial para poner en marcha el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, frustrando el deseo del Ejecutivo de Patxi López de contar con esa competencia a partir de este pasado 1 de enero. La Mesa de Diálogo Social, no obstante, expresa su deseo de "promover, facilitar y solicitar el consenso político más amplio posible en Euskadi sobre dichas transferencias".

Confebask, CC OO y UGT reclaman que se haga sin "ninguna dilación injustificada"

El acuerdo está suscrito al más alto nivel por la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, el secretario general de Confebask, José Guillermo Zubia, y los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Dámaso Casado. Se consensuó en una reunión formal de la mesa celebrada la semana pasada, aunque no se dio a conocer en una declaración conjunta hasta ayer; precisamente, al día siguiente de la fecha en que tendría que haberse producido la transferencia de las políticas activas de empleo, sobre las que ya se alcanzó un preacuerdo en septiembre entre los gobiernos central y vasco. El posterior veto del PNV, que alega que pretende evitar una transferencia "devaluada", ha impedido que el Ejecutivo del lehendakari López pudiera rentabilizar la puesta en marcha del Servicio Vasco de Empleo y, al mismo tiempo, le ha maniatado políticamente al tener que sacrificarse a las necesidades parlamentarias del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

La consejera, en una entrevista en RNE, recalcó la necesidad de contar "lo antes posible" con esa transferencia, teniendo en cuenta la situación del paro y que ya se cuenta con el instrumento, Lanbide, para desarrollar las políticas activas de empleo. "Yo juego con el horizonte de antes del verano", señaló Gemma Zabaleta a la pregunta de cuándo podrían producirse el traspaso. Resaltó que Euskadi no puede darse "el lujo" de ser la única comunidad española que no tiene esta competencia, lo que le sitúa en "clara desventaja" para luchar contra la crisis. Por ello, reprochó al PNV su actitud obstruccionista -"han negociado simplemente el retraso de la transferencia"-, pidiéndole que reconsidere "sus posiciones".

Frente a las críticas del PNV, Zabaleta aseguró que la cantidad que se está negociando con el Ministerio de Trabajo "duplica" lo que el Gobierno central está gastando en Euskadi en esta materia.

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Por otro lado, los integrantes de la Mesa Social señalan en su declaración que, "partiendo de posiciones distintas", asumen la fórmula jurídica que se da a Lanbide en ley de Presupuestos (un ente público de derecho privado), con el compromiso de evaluar su funcionamiento y decidir finalmente su naturaleza en la futura ley de Empleo. De esta forma, la consejera consigue que prospere de momento su posición, aunque el acuerdo incluye el compromiso de que esa fórmula, que da relaja el control público del Servicio Vasco de Empleo, no supondrá "menoscabo de los derechos laborales de los funcionarios o del personal laboral que trabaje en él. Así mismo, se establece que en los órganos de gestión de Lanbide el Gobierno, los sindicatos y la patronal tendrán una representación paritaria.

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