La Xunta retira el 90% de las subvenciones para investigar la represión franquista

Los 230.000 euros anuales con los que contaba el proyecto interuniversitario As vítimas, os nomes, as voces e os lugares, dedicado a investigar la represión en Galicia durante la Guerra Civil y el franquismo, serán 30.000 en 2010. El convenio plurianual con la Consellería de Cultura, firmado al albur del Ano da Memoria 2006, con Ánxela Bugallo al frente del departamento, había sido prorrogado en el último Consello de la Xunta bipartita.

"El proyecto continúa", afirmó ayer su coordinador, Lourenzo Fernández Prieto, que el lunes se reunió con el director general de Promoción Cultural, Francisco López. "Hay un compromiso de la Administración para apoyar la conservación de los documentos, que están en soporte digital". El también historiador Dionisio Pereira deduce que el Gobierno actual "no tiene ninguna voluntad" de que siga la investigación. "El recorte es brutal, no se sostiene", critica Pereira, uno de los coordinadores. "¿Por qué se pagan entonces los 166.000 euros de algo tan poco riguroso como la encuesta del idioma? ¿Por qué se mantiene el plus de los altos cargos?".

En su fase actual, As vítimas... debía empezar a investigar desde 1939, pero los nuevos fondos sólo alcanzan para mantener la web. El balance del proyecto, el primero de estas características financiado con dinero público, es una cartografía del alzamiento en Galicia, donde no hubo guerra, de la que salieron los nombres y apellidos de 4.200 asesinados y más de 11.000 personas represaliadas, con 305 lugares de fusilamiento y 26 fosas identificadas."Valoramos el trabajo realizado en el proyecto", apuntaron desde la Dirección Xeral de Promoción y Difusión Cultural. En su versión, los 30.000 euros que aportarán en 2010 "se ajustan a las necesidades presupuestarias más urgentes". "El esfuerzo realizado hasta ahora permitirá terminar este año la elaboración de una relación de las víctimas de la represión durante la Guerra Civil, y aportará material suficiente para proseguir la investigación durante varios años", continúan, "sin tener que abordar otros períodos con carácter inmediato".

Para Dionisio Pereira, "el anterior convenio murió, éste es otro diferente". El Centro da Memoria de Galicia es ya una entelequia, al menos con fondos de la Xunta, y en este momento no se podrá avanzar en la investigación de la represión. El listado digital de las víctimas entre 1936 y 1939 ya estaba terminado, y los cinco investigadores a sueldo del proyecto habían empezado a filtrar documentación derivada de la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939, primera piedra de la política de la victoria del general Franco. En Galicia no hubo guerra -sólo represión-, pero la posguerra armada duró más de quince años.

En el actual ámbito de lo posible, la idea es acabar de nutrir la base de datos de la web, potenciar la parte gráfica -cuentan más de 6.000 imágenes- y definir los contenidos accesibles al público, empezando por un fondo oral de más de 470 entrevistas que Fernández Prieto considera "único en el mundo". También deberán elegir un formato para el mapa de la represión en las cuatro provincias. En otro plano, se impone una nueva visualización del proyecto, también para buscar otras vías de financiación, y una nueva relación con las instituciones -desde el Ministerio de Justicia a las diputaciones- y los colectivos de la memoria.

"Queremos hacer una red más amplia para el estudio científico e histórico de los fenómenos relacionados con la represión", apunta Fernández Prieto. Con Túnez y El Salvador ya hay proyectos de intercambio de metodología, pero As vítimas, os nomes, as voces e os lugares interesa también en Costa Rica, Uruguay, Chile o Brasil. "Nosotros no estamos buscando a Lorca", matiza el catedrático de Historia Contemporánea, "que cuantas más versiones, peor es".

Con respecto a la exhumación de cadáveres de víctimas del franquismo, el protocolo de actuación en Galicia se firmó el 7 de noviembre de 2008, entre Cultura, el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y el Instituto de Medicina Legal de la Universidade de Santiago. "Era una novedad a nivel de España, nadie había dispuesto los trámites [localización de las fosas, estudio forense y análisis de ADN] de forma coordinada en una misma comunidad", señala Fernando Serrulla, responsable de la unidad de antropología forense del Imelga.

Serrulla da por terminado aquel acuerdo -20.000 euros anuales- por el silencio administrativo de estas fechas. La consellería ni lo confirma ni lo desmiente.