La juez ratifica la imputación del delegado de Empleo por Mercasevilla

La juez del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha incluido al delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas (PSOE), en la imputación por cohecho que afecta a tres directivos de la empresa municipal tras elevar el caso al jurado. De este modo, la polémica imputación de Rivas, por la que el PP ha exigido al PSOE de manera insistente su dimisión, sube un peldaño más. La magistrada ha emitido el auto de incoación de procedimiento de jurado y les ha impuesto una fianza de 400.000 euros a cada imputado: Rivas; el ex director Fernando Mellet; el ex subdirector Daniel Ponce y la directora de proyectos, Regla Pereira.

El PSOE defendió ayer "la plena inocencia" de Rivas y aseguró que "le sigue apoyando". "No existe ninguna prueba de cargo que implique a Rivas, sólo una incriminación que hizo el señor Mellet ante la policía judicial", afirmó ayer el PSOE en un comunicado.

El PSOE considera que no existe "ninguna prueba de cargo" contra Rivas

La magistrada imputa a los cuatro acusados por concertar la exigencia de 450.000 euros en comisiones ilegales a los dos empresarios del grupo hostelero La Raza. Las conversaciones fueron grabadas y el intento de soborno, paralizado y denunciado. Este escándalo constituye la primera parte del caso Mercasevilla, correspondiente al supuesto intento de comisiones ilegales, mientras que la instrucción por la venta de terrenos municipales supuestamente fraudulenta prosigue su curso.

"Todos los inculpados tienen la condición de funcionarios públicos, si bien pudiera ser más claro respecto del inculpado Antonio Rivas", especifica Alaya en el auto en el que cita a los protagonistas el próximo 23 de diciembre para concretar las acusaciones. La juez considera "verosímil" la imputación de los cuatro encausados.

La magistrada relata la connivencia de los cuatro imputados para lograr 450.000 euros en comisiones ilegales por parte de los dos empresarios del grupo hostelero La Raza. Mellet y Ponce pidieron en presencia de Pereira los 450.000 euros para costear la electricidad de la escuela y como comisión a la Junta en contraprestación por la subvención concedida de 900.000 euros. "[El dinero] que entregarían en un maletín que dejarían olvidado en un despacho para que alguien enviado al efecto lo recogiese". "Siguiendo supuestamente las indicaciones iniciales del inculpado Sr. Rivas, el 27 de enero de 2009 Fernando Mellet y Daniel Ponce (...) afirmaron que los 300.000 euros se los solicitaban por exigencia de la Junta".

Alaya otorga credibilidad a las declaraciones de Mellet y Ponce, y rechaza la exculpación de Rivas, que en su declaración dijo no tener nada que ver con el turbio asunto y achacó las acusaciones de los directivos ante la policía, al "pánico" que pudieron sentir los directivos o "las presiones de terceros", sin especificar a qué personas se refería.

Mellet afirmó que recibió de Rivas dos llamadas para decirle que tenía que pedirles a La Raza "una contribución voluntaria" para la Junta de 300.000 euros, "exigencia que volvió a reiterarle al Sr. Mellet cuando le llamó por teléfono el 5 de enero de 2009". Asimismo, Ponce declaró que Rivas había exigido a Mellet comisiones ilegales.

Cerrada la instrucción de la primera parte del caso, está por ver la trascendencia de la segunda, que acumula diez imputados.