El Gobierno responderá por la mala gestión del Defensor del Pueblo
El Pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha declarado que los ciudadanos pueden reclamar por mal funcionamiento de la Oficina del Defensor del Pueblo, y exigir la responsabilidad patrimonial ante el Consejo de Ministros.
El Supremo ha examinado el caso de un ciudadano, Alejandro S. B., al que la oficina del Defensor del Pueblo envió una resolución ajena a su reclamación y además, le extravió los documentos originales que había aportado al presentar una queja contra el Ministerio de Exteriores.
El Defensor decidió finalmente no tramitar la queja, por lo que el ciudadano acudió ante las Cortes Generales, de las que el Defensor es un alto comisionado. Alegó que desde que presentó la queja inicial habían transcurrido ocho meses, y que de los 1.000 euros que reclamaba inicialmente llevaba ya gastados 7.000. El Congreso archivó su petición.
Ahora el Supremo ha declarado que "el Estado queda obligado a reparar las lesiones antijurídicas que los ciudadanos sufran en su patrimonio como consecuencia del funcionamiento de la oficina del Defensor del Pueblo, responsabilidad que corresponde declarar, y en su caso, cuantificar y hacer efectiva al Consejo de Ministros". De la sentencia han disentido seis de los 32 magistrados del Pleno.
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