La ley que acompaña el presupuesto sale adelante llena de remiendos

Nada más acabar la elección de los consejeros de la Generalitat en la CAM, en la que no participó el PSPV para no aceptar el "chantaje" de retirar la querella que ha presentado por supuesta financiación ilegal del PP a cambio de introducir alguno de sus candidatos, el vicepresidente segundo y consejero de Economía, Gerardo Camps, comentaba a los periodistas en los pasillos de las Cortes que las relaciones entre los grupos popular y socialista "están absolutamente rotas prácticamente en todos los campos". Sin embargo, en ese momento, en el interior del hemiciclo el portavoz del PP José Marí invitaba a la portavoz socialista Cristina Moreno a negociar un acuerdo sobre un aspecto polémico de la denominada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.

Los populares alegan que la rebaja impositiva combate la crisis

Necesidad obliga, y las modificaciones previstas por el Consell en relación con la recogida de animales habían soliviantado tanto a las sociedades protectoras que el pasado sábado se produjo incluso una manifestación en Valencia. "En estos momentos, todavía estamos en conversaciones", señaló Marí para que la socialista dejara la puerta abierta, antes de lamentar hallarse en ese trance: "Señora Moreno, a usted y a mí nos ha tocado dedicarnos a esto de los animales". Al final, en efecto, hubo un acuerdo para reconsiderar las modificaciones inicialmente previstas por el Consell que apaciguó relativamente a las protectoras de animales ante la amenaza de "privatización" del servicio.

No es el único remiendo que acabó por asumir el PP en una norma, la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, que fue calificada por la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, de "ley escoba"; por la portavoz de Compromís pel País Valencià, Mireia Mollà, de "ley autobús o ley ómnibus"; por la portavoz socialista, Cristina Moreno, de "cajón de sastre", y por el diputado popular César Augusto Asencio, de "ley taxi" porque, a diferencia de los parlamentarios de la oposición, opinó que "hace cómodamente el desplazamiento y las paradas justas".

Más cómoda o más incómoda, la norma modifica hasta 24 leyes distintas, con aspectos tan polémicos como la transformación de los chóferes de los consejeros en personal de confianza, con la intención de someterlos a una confidencialidad vinculada al carácter eventual del nombramiento.

El hecho es que, además del parche en la protección de los animales, el PP pactó con el socialista Francesc Signes en la comisión la reconsideración de la medida que preveía cargar a los ayuntamientos los costes de reposición derivados de obras públicas e infraestructuras ejecutadas en los municipios, y aceptó hacer cambios en las medidas relacionadas con la Ley de Comercio, así como la retirada de la modificación de la ley del Consejo Jurídico Consultivo, imposible sin una mayoría cualificada de dos tercios, tal como advirtió el propio organismo, aunque se tratara de un aspecto menor en el que están de acuerdo los grupos. Esta última rectificación llevó al PP a votar a favor de sendas enmiendas presentadas por Compromís y por los socialistas.

Los remiendos de una ley que la oposición fustiga porque hace y deshace en otras leyes no alcanzaron a la política fiscal, que protagonizó de nuevo la polémica. Las tres portavoces de los grupos de izquierda criticaron la rebaja prevista en el tramo autonómico del IRPF, que el PP defendió a capa y espada. Frente al argumento popular de que la reducción de impuestos aumenta el dinero en los bolsillos de los ciudadanos para hacer frente a la crisis, la oposición arremetió contra la irresponsabilidad del Consell, que pierde ingresos pese al grave endeudamiento de la Generalitat.

El debate de la Ley de Presupuestos, que comenzó ayer mismo, tras la de Acompañamiento, y que previsiblemente se prolongará hasta el viernes, comenzó con el mismo argumento. Mireia Mollà, de Compromís, por ejemplo, recordó que la valenciana es la única comunidad autónoma que "tiene más deuda que presupuesto". De momento, el proyecto de cuentas de la Generalitat para 2010 ha sufrido pocos remiendos. Sólo cinco de las 2.373 enmiendas presentadas por la oposición fueron aceptadas por el PP durante el debate en comisión.