Criterios jurídicos

Ignacio Sánchez Cuenca en su artículo ¿Por qué les dejamos decidir por mayoría simple?, del 10 de diciembre, encuentra la piedra de toque de la legitimidad del Tribunal Constitucional para suspender la aplicación de un Estatuto de Autonomía en el mayor o menor acuerdo alcanzado por los magistrados en sus deliberaciones; la mayoría simple, al parecer, restaría legitimidad a su decisión, máxime considerando que "la composición del TC resulta arbitraria", "depende de factores completamente accidentales" y sus miembros "no son elegidos por la ciudadanía".

El mito de la soberanía popular, tan del gusto de los demócratas, encuentra fiel reflejo en el artículo aludido, y con él su congénita falsedad: una soberanía popular carente de frenos judiciales es la tumba de la democracia. Si Ignacio Sánchez-Cuenca reparara en las consecuencias de su tesis, inmediatamente tendría que sancionar la inexistencia de democracia en Estados Unidos donde, como es bien sabido, un juez ordinario está facultado para no aplicar la ley o las partes de una ley que a su juicio vulneren la Constitución; en la cúspide del Poder Judicial, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra.

"Factores completamente accidentales" son los que explican también la conformación de las listas electorales en un régimen como el español, en el cual los diputados se limitan a ser delegados de sus jefes a sueldo del Estado.

El Poder Ejecutivo, al igual que el TC, no es elegido directamente por la ciudadanía, sino únicamente por mediación del Poder Legislativo, lo cual conduce a la inseparación de poderes propia del parlamentarismo, que hace que toda noción de contrapesos, o en jerga anglosajona, checks and balances, sea un embeleco ideológico: ningún parlamento conformado por un sistema electoral de listas ha servido jamás para controlar a gobierno alguno; el procedimiento para la constitución de gobiernos en un régimen parlamentario vulnera el principio democrático.

Y, por último, contrariamente a lo sostenido por Ignacio Sánchez-Cuenca, precisamente en el hecho de que los magistrados no basen sus decisiones en la "voluntad popular" sino exclusivamente en criterios jurídicos, es lo que posibilitaría la protección del ciudadano frente a las agresiones de un poder político legitimado en la "soberanía popular". Soberanía que, desprovista de limitaciones jurídicas, no es menos monstruosa que la tiranía de un autócrata.