Puertas giratorias

Todo ser humano es titular de una serie de derechos inalienables. Pero la realidad es que, en el mundo en el que vivimos, el ejercicio de esos derechos requiere un Estado que los tutele. En el caso de Aminetu Haidar, es evidente que ni el Estado marroquí ni el español (en sus diferentes ámbitos de responsabilidad) han sido capaces de velar por ellos de forma efectiva.

Respecto a las responsabilidades del Estado marroquí, hay poco que añadir a lo publicado ayer por este diario respecto a las terribles torturas que sufrió Haidar (y por las que no parece que nadie haya pedido perdón ni sido juzgado) o en lo relativo a la represión que sufren los activistas saharauis.

En el caso de España, su responsabilidad se refiere a su incapacidad de cumplir con las obligaciones internacionales que se derivaban de su ocupación del Sáhara Occidental. Entre 1966 y 1973, la Asamblea General de Naciones Unidas instó en siete ocasiones a España a que procediera a la descolonización del Sáhara Occidental mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación. Pero como se sabe, España, en plena agonía de Franco, abandonó el territorio, transfiriendo su administración a Marruecos, que inmediatamente expulsó violentamente del territorio a todos aquellos que se opusieron a la ocupación. La decisión de España se puede explicar, y hasta justificar, pero no legaliza la ocupación del Sáhara por parte de Marruecos ni oculta el hecho principal: que España fracasó a la hora de garantizar al pueblo saharaui el ejercicio de un derecho al autogobierno que contaba y cuenta con el completo respaldo del derecho internacional.

Con sus actuaciones, Marruecos contribuye a legitimar la agenda saharaui

A las responsabilidades históricas se suman las presentes. Más allá de la discusión sobre la admisión de Haidar en territorio español tras su expulsión de Marruecos, en la que se mezclan unos hechos todavía no claramente establecidos con consideraciones legales, políticas y humanitarias, lo relevante es la decisión del juez Velasco de rechazar la querella presentada por Haidar contra el Gobierno de Marruecos por violación de sus derechos políticos y civiles al expulsarla de su territorio. El Gobierno hizo bien en promover una reforma legal que limitara la capacidad de la Audiencia Nacional de convertirse en juez universal. Pero una cosa es declararse incompetente para juzgar la represión en el Tíbet u otros hechos en los que no haya españoles implicados y otra cosa es que la ley obligue a la Audiencia Nacional a inhibirse en el caso de Haidar, que está en España, posee permiso de residencia en nuestro país y es originaria de un territorio bajo administración española. Parece que o nos pasamos o nos quedamos cortos, así que, muy probablemente, a la luz del caso Haidar deberíamos reabrir el debate sobre el alcance de nuestra jurisdicción.

Que dos décadas de negociaciones entre Marruecos y el Polisario no hayan logrado un acuerdo sobre la realización de un referéndum no se debe, como se aduce frecuentemente, a las diferencias en torno al proceso de identificación y registro de votantes, sino al hecho de que Marruecos no esté dispuesto a aceptar un referéndum que incluya la opción de la independencia. Aprovechando una coyuntura internacional, recelosa por razones obvias de la creación de nuevos Estados, Marruecos ha querido jugar la baza de la autonomía para el Sáhara. Muchos Gobiernos, entre ellos España, incluso de buena fe, han visto en una solución de este tipo una posible salida a este conflicto. Y ello pese a que las propuestas (como el Plan Baker) que promovían una amplia autonomía fueron rechazadas por el Consejo de Seguridad por no incluir al final del camino un referéndum de autodeterminación.

Con sus actuaciones, Marruecos está contribuyendo a relanzar la legitimidad de la agenda saharaui. Se trata, cabe recordar, de una agenda que está madura jurídicamente puesto que el Tribunal Internacional de Justicia no encontró evidencia de la existencia de ningún título de soberanía territorial favorable a Marruecos. Por tanto, el único camino del que dispone Marruecos para lograr mantener el control del Sáhara Occidental es, además de la fuerza bruta, el ser capaz de garantizar los derechos, individuales y colectivos, de los saharauis.

¿Está Marruecos en condiciones de otorgar a los saharauis una autonomía tan amplia que les haga renunciar a su legítimo derecho a la autodeterminación? En una semana en la que la independencia de Kosovo está siendo examinada por el Tribunal Internacional de Justicia, se pone de manifiesto que la soberanía de la que gozan los Estados no es un fin en sí mismo, ni ilimitada, sino un medio para ejercer su responsabilidad de proteger a los ciudadanos a su cargo. Aunque hasta ahora el conflicto ha estado bloqueado, el derecho al autogobierno no deja de ser una puerta giratoria.

jitorreblanca@ecfr.eu