López asegura que el Inem se recibirá en 2010, pero evita fijar una fecha

La competencia sobre las políticas activas de empleo estará en Euskadi en 2010; se traspasará de acuerdo con el Estatuto, los pronunciamientos del Parlamento y la metodología del Concierto Económico; rondará los 300 millones de euros y sólo quedarán excluidas las políticas d que se finacian a través de cuotas de la Seguridad Social. Ésta fue la sustancia de las cuatro respuestas del lehendakari Patxi López, en el pleno de control de ayer, a otras tantas interpelaciones y preguntas de la oposición, empezando por el PP y el PNV, y terminando por UPyD y EA. Todas se presentaron a raíz de conocerse que el PNV logró en su acuerdo presupuestario en Madrid retrasar el traspaso hasta septiembre, cuando el lehendakari y Manuel Chaves lo habían anunciado para enero. Todos coincidieron en que ese retraso ha desautorizado a López.

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El ataque más duro lo efectuó justamente el socio preferente del Gobierno, cuya portavoz, Esther Martínez, vertió las culpas sobre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que es quien aceptó el veto del PNV a la transferencia, en lo que calificó de "deslaltad" para con el Ejecutivo vasco. "Ha engañado al lehendakari y al Gobierno vasco, manoseando y mercadeando con el empleo de los parados vascos", dijo. Martínez advirtió a López de que el PNV "pretende hacer fuerte a Zapatero para debilitarle a usted, en un cambalache que le deja fuera de juego y pone en cuestión su credibilidad".

López admitió que el veto del PNV "va a impedir" el traspaso en el plazo fijado, pero hizo notar a los populares vascos sus propios problemas con su partido en Madrid en la cuestión del blindaje del Concierto. Se declaró consciente "desde el minuto uno" de su mandato de que conflictos de intereses como éste podrían presentarse. "Y ya dije que me daba igual que la disparidad fuera con el Gobierno de España o con mi propio partido. Mi obligación como lehendakari es ponerme del lado de los intereses de Euskadi, y es lo que estoy haciendo", afirmó. Otros actúan "por intereses partidarios", dijo en referencia al PNV. El portavoz de este grupo, Ricardo Gatzagaetexebarria, negó la existencia de "veto o traición" alguna y se centró en exigir a López reiteradamente que desvele el documento sobre el que lleva a cabo su negociación, mientras restó importancia al retraso. "Nos interesa el contenido", afirmó.

El lehendakari aseguró que, entre otros textos, maneja el del Ejecutivo anterior y que la competencia prevista para el 1 de enero "iba a ser plena". Acusó al PNV de haberla la cortocircuitado precisamente porque sabía que no podría descalificarla como devaluada con un montante de 300 millones, que duplica la ultima cifra barajada en anteriores negociaciones. También de haber "buscado el retraso para minar al Gobierno, aun a costa de los intereses de los desempleados". López advirtió al PNV de que "no impedirán la transferencia". "Ustedes son un obstáculo en el camino, pero lo vamos a superar, no vamos a parar hasta conseguirlo", dijo.

El lehendakari anunció en el pleno de ayer dos informes para el primer trimestre de 2010: uno sobre la dimensión, coste, funcionamiento y viabilidad del entramado de empresas públicas y participadas, y el otro sobre el futuro de la Defensoría de la Igualdad. Sobre esta última dijo que las funciones que ejerce quedarán garantizadas, pero no fue tan claro sobre el organismo como tal.

Respecto del sobredimensionamiento del sector público, López respondía a la acusación de inacción del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, que le emplazó a "actuar ya para simplificar la maraña de empresas, entes, organismos, agencias, fundaciones y consorcios" creados por su predecesor. Unas entidadeds, agregó, que "pululan por nuestra geografía sin función reconocible", más allá de la de ser "vehículo para favorecer y acomodar a los partidarios" de sus creadores. El lehendakari pidió tiempo. "No se trata de poner todo patas arriba. Los cambios han de estar bien pensados", justificó, además de señalar que existen contratos y convenios no vencidos que el Gobierno tiene "la obligación de cumplir".