Rajoy fuerza a varios barones del PP a ir a la Conferencia de Presidentes

La reunión de ayer de todos los presidentes del PP con el jefe del partido, Mariano Rajoy, dejó muy claro que se cierne un panorama muy oscuro sobre la Conferencia de Presidentes, convocada el lunes después de tres años. Varios barones autonómicos llegaron incluso a plantear durante la comida la posibilidad de no acudir a la cita porque creen que sólo está pensada para que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se haga una foto.

Los más beligerantes, según varios de los presentes en la comida, fueron el valenciano Francisco Camps, el murciano Ramón Luis Valcárcel y el consejero de La Rioja -no pudo acudir el presidente, Pedro Sanz-.

La madrileña Esperanza Aguirre también criticó la idea en sí de este órgano sin luz y taquígrafos que Zapatero convoca mientras evita desarrollar el debate del Estado de las Autonomías, sin embargo, dijo que era mejor acudir para aprovechar la ocasión para criticar la política económica del Gobierno. El gallego Alberto Núñez Feijóo fue el barón que más claramente apostó por acudir a una cita que él ha pedido en varias ocasiones.

Camps y Valcárcel, partidarios de no acudir, fuerzan que se hable del agua

La intención de Zapatero era limitar el debate a economía y empleo

Ante la posición más extrema de tres barones, que planteaban acudir de manera protocolaria al desayuno de todos los presidentes con el Rey, convocado en el Senado a las 8.30, y después marcharse antes de que empiece la conferencia a las 9.30, fue Rajoy quien tuvo que dejar claro que el PP "es un partido serio" y no se puede permitir esa escena de boicoteo a una convocatoria del presidente del Gobierno.

El PP dio a conocer ayer un documento detallado pactado por todos los presidentes en la comida en el que se critica con dureza la política económica del presidente Zapatero y la Ley de Economía Sostenible, y se le culpa de los problemas de financiación que tienen las autonomías, sin hacer mención a las deudas de las comunidades del PP. El decálogo aprobado ayer por todos los presidentes incluye la propuesta de una reforma laboral que, aunque no se concreta, debe, dice el texto, "bonificar las cotizaciones de los nuevos contratos, eliminar la dualidad del mercado de trabajo y reformar la negociación colectiva".

En la comida apenas se habló del agua, aunque es un tema delicado que Camps y Valcárcel han impuesto y que perjudica a Dolores de Cospedal, líder del PP de Castilla-La Mancha. Al final, Cospedal y Valcárcel cruzaron algunas palabras que dejan en evidencia sus discrepancias, aunque habrá un documento común de mínimos.

Rajoy quiere que sus presidentes se centren más en agricultura, ganadería y pesca y menos en el agua. En este asunto pueden saltar chispas entre Camps y Valcárcel, por un lado, y los socialistas José María Barreda (Castilla-La Mancha) y Marcelino Iglesias (Aragón), por la otra.

Esta tensión que se prevé para la cuarta Conferencia de Presidentes que convoca Zapatero ya se puso de relieve en la reunión preparatoria celebrada el pasado miércoles en el Ministerio de Política Territorial, entre el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, y los consejeros autonómicos del PP.

Los consejeros del PP -Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, La Rioja, Ceuta y Melilla- lograron introducir en el orden del día, venciendo las resistencias del vicepresidente tercero, una cadena de asuntos polémicos: el agua, la agricultura, la ganadería y la pesca.

La previsión del Gobierno era limitar la Conferencia de Presidentes a un debate sobre la situación económica y al empleo, con la pretensión de lograr un acuerdo sobre este último. También pretendía ratificar los acuerdos entre los socialistas y el PP sobre la Presidencia de la Unión Europea y la respuesta a la violencia de género. Pero el PP lo amplió.

El vicepresidente tercero del Gobierno tuvo que emplearse a fondo para evitar que los presidentes autonómicos del PP impusieran, también, que acudieran a la Conferencia las organizaciones agrarias y ganaderas. Chaves lo impidió con el argumento de que al acudir los sindicatos, cuya participación estaba prevista para el debate sobre el empleo, las organizaciones agrarias podían darse por representadas.