El fiscal pide tres años para el maquinista del accidente de Valga

La Fiscalía de Pontevedra ha formulado escrito de acusación contra el maquinista del tren que en 2007 arrolló a tres vecinos de Valga, al que le imputa sendos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave. El fiscal solicita para él una pena de tres años de prisión, así como la inhabilitación para ejercer como maquinista ferroviario por un período de cinco años.

Tras una larga investigación, el fiscal del caso, Jesús Calles, no halló pruebas suficientes para imputar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en este proceso, aunque sí admite que se produjo una anomalía en las barreras del paso a nivel el día del siniestro, por lo que se accionó el sistema complementario de seguridad del que el maquinista hizo caso omiso, según el relato del fiscal.

Un fallo técnico precedió al del conductor, que desactivó la alarma

La investigación no halla pruebas que permitan imputar a Adif

La compañía Renfe es considerada responsable civil subsidiaria y se enfrenta al pago de 652.000 euros como indemnización a las familias de las tres víctimas mortales. La operadora tenía suscrita una póliza de seguro con la compañía Axa, con la que había estipulado una franquicia de tres millones de euros por siniestro.

La investigación judicial determinó con detalle cuál era el funcionamiento de las barreras en el paso a nivel donde tuvo lugar el siniestro. Cuando el convoy procedente de Redondela se aproximaba a este punto de cruce de la vía del tren con la carretera, se accionaba un pedal direccional que produce señales acústicas de peligro y se encienden, al mismo tiempo, dos luces rojas que emiten destellos. Seis segundos después, comienzan a bajar las barreras que impedirán el paso de vehículos, invirtiendo entre siete y diez segundos en el descenso.

Cuando el sistema ha verificado que estas señales se han producido, la señalización vertical de la vía se encenderá en color blanco fijo, indicando al maquinista que el paso es seguro. Una baliza enviará una señal a la cabina del conductor, que le avisará de que el paso a nivel está protegido. Después, cuando el sistema detecta que el tren ha abandonado todo el circuito de vía, la señalización vertical se apagará y comienzan a subir las barreras para que los vehículos puedan cruzar.

Pero el sistema cuenta con otro de rearme y complementario de seguridad para aquellos supuestos de riesgo en la apertura o cierre de las barreras. Se trata de dos temporizadores que indicarían la obligada detención del tren. Si no lo hiciera, el conductor recibiría en la cabina una indicación luminosa y sonora en forma de pitido prolongado que, si no se desconecta manualmente, detiene el convoy automáticamente.

Pero se produjo un fallo en el pedal de rearme. A las 13 horas y 5 minutos del 25 de abril, Miguel García López conducía el tren de media distancia número 2424 y se disponía a cruzar el paso a nivel de Valga. Después de que hubiesen circulado por allí dos trenes anteriores, "se había producido una anomalía en el pedal de rearme, de tal forma que las barreras que impedían el paso a los vehículos no se habían elevado", según señala el escrito de acusación.

Por esta razón, se había puesto en marcha el sistema de rearme por tiempo de cierre excesivo de las barreras, de tal forma que había entrado en funcionamiento el primer temporizador y luego el segundo. Cuando pasó el tren conducido por el acusado, la señalización vertical de la vía se encontraba en luz amarilla destellante, indicándole, por tanto, la necesidad de detener el ferrocarril. Todas las alarmas se accionaron, tanto luminosas como acústicas, advirtiendo al maquinista de la anomalía producida.

Pero el conductor, "a pesar de que redujo inicialmente la velocidad, continuó su marcha sin atender el estado de la señalización vertical y desconectando la indicación que recibía, de tal forma que no se puso en marcha el sistema de frenado automático", señala el fiscal.

El tren siguió hasta cruzar el paso a nivel, donde las barreras ya se habían elevado. Aunque el conductor trató en el último momento de efectuar una frenada de emergencia, no pudo evitar la colisión con uno de los vehículos que ya habían comenzado a atravesar la vía.

El suceso provocó una gran conmoción en Valga, un municipio de apenas 5.000 habitantes que contaba por entonces con cuatro pasos a nivel. Durante los días siguientes al atropello mortal, los vecinos cortaron el tráfico a los ferrocarriles, lo que obligó a Renfe a transbordar a los pasajeros en autobuses entre Vilagarcía y Padrón, para completar el recorrido entre Vigo y A Coruña.