Delito y pecado

En su artículo publicado el 2 de diciembre en EL PAÍS, ¿Es pecado el liberalismo?, Javier Pradera recuerda que ya en 2004 el entonces cardenal Ratzinguer, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe -el Santo Oficio de la Inquisición puesto al día-, informó al presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense de que los católicos pueden comulgar en el caso de que apoyen la pena de muerte, pero no en el supuesto de que defiendan el aborto.

Nada asombroso en alguien que, por las mismas fechas, dejó escrito que "un Estado agnóstico en relación con Dios, que establece el derecho sólo a partir de la mayoría, tiende a reducirse desde su interior a una asociación delictiva", y parece difícil que esta frase pueda ser sacada de contexto ya que es bastante explícita y autoexplicativa: cualquier Estado que se declare aconfesional y democrático es, para la jerarquía católica, una potencial -o real- asociación de delincuentes. A partir de este supuesto, es fácil deducir cuál será la posición de la Iglesia católica respecto la legislación promulgada por un Estado laico cuando ésta no coincida con sus principios morales.

Afortunadamente, hace ya algún tiempo que en este país delito y pecado no es lo mismo; se consideran delito sólo actuaciones que van contra leyes de obligado cumplimiento para todos: ateos, agnósticos o creyentes. Aunque haya quien continúa añorando los tiempos en que una herejía era delito de Estado (y viceversa).