Fomento cambia la ley para que los jueces no limiten los vuelos en Barajas

Sólo dos días después de retirar del Senado la enmienda legal para evitar una cascada de sentencias contra el aeropuerto de Barajas por ruido, el Gobierno volvió a la carga. Ayer el Consejo de Ministros aprobó de nuevo la reforma de la Ley de Navegación Aérea, de 1960, con la que pretende impedir que los vecinos ganen en el Supremo que el silencio en el domicilio es un derecho fundamental, como falló ese Tribunal en octubre de 2008.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega justificó la reforma en que, la reducción los vuelos ordenada por la justicia causaría "pérdidas de unos 1.100 millones de euros". Así lo establece el informe de AENA que este diario adelantó el pasado miércoles.

De la Vega avisa que obedecer al Supremo supondría perder 1.100 millones

El Ejecutivo destina 50 millones más a aislar miles de casas ahora sin derecho

El conflicto por el ruido en Barajas -también en otros aeropuertos aunque en una dimensión mucho menor- tenía a AENA contra las cuerdas. El director de medioambiente de la empresa pública que gestiona los aeropuertos, José Manuel Hesse, explicó ayer que "cumplir la sentencia" que dio la razón a los vecinos de Santo Domingo, en Algete, Madrid, supondría "reducir los vuelos sobre esa población a la mitad". Hesse se mostró comprensivo con los vecinos, pero concluyó: "No se puede pedir el cierre del aeropuerto porque molesta".

Esto, según un informe que AENA ha incorporado a la causa, obligaría al aeropuerto a reducir un 20% sus operaciones. En la práctica, la sentencia suponía que Barajas debía volver a su capacidad de 2004, antes del a ampliación, en la que el Gobierno ha invertido 6.000 millones de euros.

El informe, que prevé "una cancelación masiva de vuelos", es realmente alarmante y cifra en 47.000 la pérdida inmediata de empleos. De las 98 operaciones por hora no se podría pasar a las 120, como planea el Ejecutivo con planes como el uso de British Airways de Barajas como nudo de enlace de sus vuelos hacia América Latina.

Además, con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el ruido y del Supremo de que el ruido de los aviones "vulnera el derecho fundamental a la intimidad domiciliaria", amenazaba al aeródromo con una cascada de sentencias por el ruido.

La reforma legal aprobada ayer de urgencia admite que junto a los aeropuertos estatales "se está produciendo una situación de inseguridad jurídica" que "pone en peligro los derechos de quienes residen en las poblaciones próximas a los aeropuertos". Pero a la vez, resalta que "los aeropuertos de interés general son vitales para la economía nacional y, especialmente, en el actual contexto de crisis económica".

Las protestas de los afectados y la falta de apoyos en el Senado han llevado al Ejecutivo a suavizar el texto. Si hace una semana intentó aprobar en el Senado una norma que incluía que los vecinos tenían "la obligación de soportar" la navegación aérea, ahora habla del "deber de soportar" y que podrán ser "resarcidos de los daños y perjuicios que les ocasione".

La norma da seis meses a AENA tras la entrada en vigor de la ley para aprobar junto a los aeropuertos de Madrid y Barcelona las "servidumbres acústicas", unos mapas mucho más amplios que los actuales con los niveles máximos soportables. Hasta entonces, "quedan en suspenso" esos objetivos de ruido.

Hesse insistió en que con estas servidumbres, AENA estará obligada a "ampliar el aislamiento acústico a miles de viviendas" en Madrid para que el ruido no exceda lo tolerable "en el espacio interior de las edificaciones". La memoria económica incluye 70 millones de euros para estas actuaciones, de las que más de 50 millones irán para aislamiento de viviendas, según fuentes de AENA.

El PSOE aspiraba a aprobar mucho antes la reforma, pero en el último momento, y tras conocerse su contenido, los grupos del Senado se echaron atrás en su apoyo. Los alcaldes de los pueblos presionaron contra la norma.

El presidente de la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo, Luis Ramírez, temió ayer que el contenido de la reforma sea "maquillaje": "Aislarán algunas casas para reducir el ruido en su interior, pero seguiremos teniendo menos derechos fundamentales que el resto de los ciudadanos".