Garzón indaga el pago de comisiones en compras de solares por la Generalitat

Las investigaciones del caso Pretoria siguen descubriendo actuaciones urbanísticas irregulares en el cinturón de Barcelona. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investiga el pago de comisiones en dos operaciones por las que el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), dependiente de la Generalitat, compró cuatro fincas en Cerdanyola del Vallès y El Prat de Llobregat por 33,2 millones a la inmobiliaria Espais, propiedad del imputado Lluís Casamitjana. Según el juez, en ambas adquisiciones desempeñó "un papel relevante" el hasta ahora gerente de la empresa pública, Emili Mas, a través del ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi, y de Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, ex altos cargos de Jordi Pujol, también imputados ahora.

Emili Mas fue gerente del Incasòl y asesor del alcalde de Santa Coloma

El Gobierno catalán defiende que las ventas fueron "correctas y legales"

Las indagaciones de Garzón siguen extendiéndose alrededor de Barcelona. Según informaron fuentes municipales y confirmó ayer el Incasòl, durante el primer semestre de este año ese organismo del Ejecutivo catalán compró dos paquetes de suelo a Espais. Uno está ubicado en Cerdanyola y está integrado por tres fincas de 18.852 metros cuadrados en total, ubicadas en un nuevo desarrollo de la ciudad, por los que pagó 25 millones de euros. El segundo, de 36.580 metros cuadrados, está situado en un futuro ensanche residencial del Prat. El Gobierno catalán abonó 8,23 millones de euros.

Garzón afirma en el auto que, según los nuevos datos de los que dispone, Mas facilitó "las relaciones e influencias" que ostentaba con Luigi, Alavedra y Prenafeta. "Tanto en una como en otra se producen pago de comisiones", sostiene el juez en el texto. Fuentes del Gobierno catalán aseguraron ayer que ambas operaciones son "correctas y legales" y que el suelo fue adquirido "a precios de mercado". El Incasòl, dependiente de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas y de la Medio Ambiente y Vivienda, explicó en un comunicado que en ambas localidades "surgió la oportunidad de adquirir suelo" y se consideró "positivo", puesto que son zonas "estratégicas e irrepetibles" por su ubicación. El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, repitió ayer en varias emisoras catalanas que pone "la mano en el fuego" por Mas.

Fuentes del mercado aseguran que no hubo pelotazo. La promotora adquirió, por ejemplo, el suelo de El Prat en 2006 por 8,13 millones de euros, por lo que la operación arroja unas plusvalías de 100.000 euros. No obstante, la compra sí fue un alivio para las filiales de Espais, que poseían estos suelos y se hallaban en una compleja situación patrimonial.

Espais Gestió Integral de Projectes, que operaba en El Prat, al cierre de 2008 se hallaba en causa de disolución, lo cual se solventó, según su memoria económica, gracias a un préstamo participativo de 15,8 millones que dio la matriz. Espais Cerdanyola, en la que también participa la filial inmobiliaria de Caixa Catalunya, estaba en la misma situación en 2007. En ese caso, la empresa de la caja aportó 17,4 millones para solventarlo.

La imputación de Emili Mas no sólo se debe a su presunta participación en estas operaciones. El auto de Garzón indica que Mas también intervino en una operación urbanística de Santa Coloma de Gramenet, el epicentro de la trama, junto a Luigi y el ex alcalde de la ciudad Bartomeu Muñoz.

En esa operación, la Ciba 3, Mas emitió un supuesto "informe negativo" a una adjudicación en unos terrenos que ocupaba una industria farmacéutica. El proyecto finalmente se encargó a Gramepark, empresa pública de servicios (que ahora gestionará la Oficina Antifraude), lo cual, según el auto, perjudicó a varias empresas que se presentaron al concurso y contra las que había "una clara voluntad de exclusión".

Además, el juez acusa a Mas de emitir ese informe "como economista", ejerciendo un cargo externo al Ayuntamiento. Garzón recuerda que esta actividad es incompatible con el "carácter de funcionario" del Incasòl.

Mas, que fue suspendido temporalmente de militancia en el PSC, había sido anteriormente gerente del Consejo Comarcal del Barcelonès, de donde, según fuentes cercanas al ex alto cargo del Gobierno catalán, procede su relación con Luigi y Muñoz.