Salgado aboga por retrasar más allá de 65 años la edad legal de jubilación

En pos de lograr una economía sostenible, el Gobierno ha pisado el acelerador de las reformas. Unas aparecen en el cajón de sastre de la Ley de Economía Sostenible; otras, no. Es el caso de las dos más sensibles: la laboral y la de las pensiones. Sobre esta última ayer la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, abrió un melón polémico: retrasar la edad legal de jubilación hasta más allá de los 65 años. No fijó un límite y dejó claro que cualquier decisión debe tomarse en el Pacto de Toledo sobre las pensiones, pero citó el ejemplo holandés que acaba de establecerlo en los 67. En todo caso, dejó claro que el paso no puede darse de golpe: "Tiene que ser muy gradual. Cuando decida el Pacto de Toledo lo razonable es que el incremento vaya gradualmente".

Trabajo ya tiene su propuesta de reforma y la enviará al Pacto de Toledo

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había abierto el camino el miércoles en el Congreso. Pero las palabras que ayer pronunció Salgado en TVE van más allá de lo dicho por Zapatero al exponer el contenido de la Ley de Economía Sostenible. El presidente propuso prolongar la vida laboral y acercar la edad de jubilación real (ahora en 63,6 años, según la Seguridad Social; 62,6 para Eurostat) a la legal, 65. Salgado, además de reclamar más exigencia con las prejubilaciones para alargar la edad efectiva de jubilación, se muestra abierta a elevar el listón de la edad legal, de forma "muy gradual".

La coincidencia en la necesidad de reformar el sistema de pensiones para asegurar su futuro a largo plazo es casi total. El mes pasado lo reclamó la UE. Antes, el Banco de España. Salgado fija ese largo plazo en "un horizonte de 25 o 30 años". Esta afirmación se asienta en las últimas proyecciones de la Seguridad Social que calcula que hasta 2029 podría hacer frente al pago de las pensiones sin recurrir al presupuesto estatal. Aunque desde 2023 tendría que recurrir al Fondo de Reserva (que ahora acumula unos 60.000 millones).

La reforma del sistema de pensiones echó a andar hace casi un año en el Congreso. Desde entonces, la comisión del Pacto de Toledo -órgano en el que se han consensuado las bases para las últimas reformas- ha escuchado al Banco de España, empresarios o sindicatos. Ahora llega el momento de que el Gobierno elabore un documento sobre el que fraguar el acuerdo entre los grupos.

Según varias fuentes, la Seguridad Social ya ha elaborado el borrador. Ahora está pendiente de la revisión en otros departamentos del Ejecutivo (Presidencia) para remitirlo al Congreso. De momento, de las intenciones del Gobierno no han trascendido más que algunas líneas que ya apuntó el presidente el miércoles.

Además de prolongar la vida laboral, Zapatero habló de tener en cuenta las "nuevas formas familiares". En Trabajo apuntan que el presidente se refería especialmente a las pensiones que perciben las viudas (ahora más integradas en el mercado laboral que antes) y los huérfanos.

Zapatero también habló de profundizar en la "separación de fuentes de financiación". Traducido al román paladino, esto quiere decir que los llamados complementos a mínimos (cantidad con que el Estado completa las pensiones que no llegan al mínimo legal) pasen a financiarse con impuestos y no por cotizaciones.

Este punto fue uno de los puntos en que hicieron hincapié los sindicatos al conocer las declaraciones de Salgado como vía para asegurar la viabilidad del sistema. CC OO y UGT, en un comunicado conjunto, rechazaron retrasar la edad legal de jubilación.

La otra gran reforma que estuvo presente ayer en la actualidad fue la laboral. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, respondió a la patronal, que el día anterior había reclamado cambios con o sin consenso. "El Gobierno no va a hacer una reforma laboral porque lo pida CEOE", espetó Corbacho. No obstante, el ministro advirtió que si no hay acuerdos en el diálogo social sobre los cambios en la normativa laboral "el Gobierno hará lo que tenga que hacer".

Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, se refirió a la reforma laboral como "algo urgente". "Nos felicitamos de que el estado de opinión haya cambiado", dijo ayer en un desayuno organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). Ocaña aseguró que las negociaciones empezarán a dar fruto en el primer trimestre de 2010.

El responsable del fisco predijo que el déficit para el conjunto de las administraciones no bajará del 9,5% en 2009. "El año que viene será bastante igual que éste", señaló. Ocaña señaló que en lo que va de año las peticiones de aplazamientos en el pago de impuestos han crecido un 70%.