La familia de una empleada muerta en Moncloa exige 190.000 euros

La hermana y los padres de la trabajadora Natalia Lourdes Frutos Leyton, de 23 años, muerta el pasado 21 de noviembre tras caer desde un tercer piso en el paseo del Pintor Rosales (Moncloa), han reclamado 190.000 euros a la familia que había contratado a la fallecida. Los herederos se van a personar como acusación particular en el caso.

La acusación se basa en que los empleadores (una familia que la tenía como interna en la vivienda) no dieron de alta en la Seguridad Social a Natalia Lourdes Frutos. Les acusa también de haber vulnerado sus derechos como trabajadora, por lo que, amén de la reclamación económica, prevén iniciar acciones penales contra ellos.

El accidente se produjo a las tres de la tarde del pasado 21 de noviembre en el número 8 de la calle del Pintor Rosales, cuando la mujer estaba limpiando los cristales sin ninguna medida de seguridad. La mujer se precipitó al vacío y murió en el acto tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. Junto a ella, estaba una compañera que la estaba ayudando, según la investigación policial.

La acusación tiene previsto pedir también penas de cárcel

La familia exige el pago de 190.000 euros en concepto de indemnización, de los que 157.000 serían para la hija de la fallecida, de tres años, que se encuentra con sus abuelos en su país natal, en Paraguay. Los progenitores recibirían, según esta petición, 8.700 euros. A estas cantidades se añadirían otros 26.000 euros por el tipo de accidente sufrido.

El abogado de la familia de la mujer muerta en el accidente, Mariano de Lope, asegura haber contactado con el bufete contratado por el matrimonio que empleaba a la víctima. Hasta la fecha, sólo ha recibido negativa al pago, asegura. Este periódico intentó ayer por la tarde, sin éxito y de manera reiterada, recabar la versión del bufete de abogados que defiende a la familia que contrató a Frutos Ley-ton. Los empleadores sí han corrido con los gastos funerarios y con el traslado del cuerpo de la fallecida a su país de origen, Paraguay.

"Tenemos pruebas fehacientes de que estaba interna en esa casa, pero ellos lo niegan todo. No aceptan que Natalia llevaba nueves meses trabajando con ella. Sólo tenía de tiempo libre la tarde del sábado y parte del domingo, porque ese día tenía que ir a dormir ya a la casa de sus señores", destaca el abogado De Lope.

El letrado está a la espera de recibir los poderes notariales y la firma en la Embajada de España en Paraguay de la familia para personarse como acusación particular en el caso, que está siendo instruido por el Juzgado número 26 de la plaza de Castilla. En cuanto reciba estos documentos, el letrado prevé presentar una querella por vulneración de los derechos de los trabajadores, delitos recogidos entre los artículos 311 y 318 del Código Penal.

Además, la legislación laboral recoge que cuando se tengan que limpiar cristales por encima de la segunda planta, se debe contratar a personal especializado en estos trabajos para evitar precisamente accidentes como el que sufrió la mujer paraguaya en Moncloa, según De Lope.

El abogado de la familia Frutos está buscando a la mujer que estaba trabajando con la víctima. Se trata también de una ciudadana paraguaya, de nombre Bernalda. El abogado cree que ella ha regresado precipitadamente a su país. Su testimonio puede resultar determinante para el caso.

La Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid también ha abierto una investigación sobre el accidente de Natalia Lourdes Frutos. Estos funcionarios deben investigar posibleincumplimiento de la normativa administrativa de contratación de personal, una conducta sancionada con multa.

Frutos tuvo a su hija hace unos tres años. Al poco de tenerla, viajó a España para intentar conseguir dinero para su familia. Dejó a la pequeña al cuidado de sus padres, cuando tenía tres meses. Según sus parientes, llevaba nueve meses trabajando de interna en la casa de Pintor Rosales. Así lo corroboraron además las amigas de la fallecida que estaban la tarde del accidente delante del portal. También confirmaron que estaba en España de manera irregular a la espera de conseguir un contrato de trabajo y de residencia.

El sindicato CC OO también ha denunciado el caso ante la Inspección de Trabajo para que se aclare todo lo sucedido. Antes de que termine el año debería haber concluido el expediente informativo abierto por los inspectores laborales, según explicaron fuentes sindicales. Aseguran que es prácticamente seguro que la fallecida trabajaba como empleada del hogar interna y que carecía de contrato.