Dimite un alto cargo de Cataluña tras ser imputado por Garzón

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio ayer un nuevo impulso a la investigación del caso Pretoria de corrupción urbanística e imputó a otras 11 personas, que declararán hoy y mañana. Entre ellas se encuentran Emili Mas, gerente del Instituto Catalán del Suelo de la Generalitat, que dimitió al poco de conocerse la decisión judicial. Mas está acusado de actividades prohibidas a funcionario público por su "fluida relación" con Luis García Sáez, Luigi, el cerebro de la trama, para desarrollar operaciones urbanísticas en Santa Coloma de Gramenet.

El PSC reaccionó ayer con rapidez y suspendió de militancia a Emili Mas, pese a que hace unas semanas el consejero de Política Territorial de la Generalitat, Joaquim Nadal, defendió con ardor la inocencia de Mas.

Entre los nuevos imputados figura también Víctor Ros Casas, alcalde del PP de la localidad barcelonesa de Sant Andreu de Llavaneres entre 2003 y 2007, que ayer presentó su baja en el partido. Garzón le acusa de asociación ilícita, el mismo cargo que imputa al que fuera concejal de urbanismo Antonio Jiménez Gómez, del PSC, y al arquitecto municipal de Santa Coloma de Gramenet, Lluís Falcó.

Los tres están relacionados con la construcción de viviendas en unos terrenos vendidos al cabo de 22 meses de comprarse por mucho más dinero del que costaron y tras modificarse el planeamiento urbanístico. El administrador solidario de esa sociedad era Manuel Valera, al que Garzón también imputa.

La sociedad que adquirió los terrenos fue Proyecto Inmobiliario Valiant, que pagó una comisión por la operación a Poliafers, SL, administrada por Maria Lluïsa Mas, esposa de Lluís Prenafeta, secretario general de la Presidencia de la Generalitat bajo el mandato de Jordi Pujol. Garzón le imputa un delito de blanqueo de capitales, el mismo cargo que pesa sobre Doris Malfeito, esposa de Macià Alavedra, consejero de la Generalitat con CiU.

Alavedra y Prenafeta están encarcelados por esta causa desde el pasado 30 de septiembre, al igual que Luigi y el ex alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz Calvet. El quinto encarcelado era el ex teniente de alcalde de urbanismo de esa ciudad, Manuel Dobarco, para el que Garzón acordó ayer su libertad bajo fianza de 200.000 euros.

La madre del ex alcalde, Josefina Calvet, también ha sido imputada por cohecho, supuestamente cometido al intervenir en nombre de su hijo como representante de Zellingen Gestión Inmobiliaria, SL, sociedad adquirida por Luigi.