El juez deja en libertad a cinco de los nuevos imputados en el 'caso Pretoria'

Cinco de los once nuevos imputados en el caso Pretoria han quedado en libertad tras prestar hoy declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El ex concejal de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona, Genís Carbó, ha asegurado que el juez no ha adoptado medidas cautelares contra él y ha justificado los 244.000 euros supuestamente recibidos de la trama como parte de sus "honorarios profesionales". Carbó ha comparecido ante el magistrado durante 20 minutos en los que, según su versión, ha tratado de desmontar "todo lo que se ha dicho de él, incluso en los periódicos".

Previamente, Doris Malfeito y Maria Lluïsa Mas Crussells, esposas, respectivamente, del consejero de CiU Macià Alavedra y de Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Presidencia con Jordi Pujol, han comparecido ante el juez y han quedado también en libertad. En su declaración, ambas han eludido cualquier responsabilidad en la trama corrupta y han asegurado que hacían lo que sus maridos les decían. Juan Córdoba, abogado de las mujeres de Alavedra y Prenafeta, ha explicado que el fiscal no ha pedido medida cautelar y que las declaraciones no han superado los 30 minutos. Garzón las acusa de un delito de blanqueo de capitales por facilitar el cobro de comisiones de sus esposos a través de las sociedades de las que eran administradoras. También ha sido imputada Josefina Calvet, madre del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, por un presunto delito de cohecho, al haber intervenido en representación en una sociedad a cambio de un millón de euros.

El administrador de Renticost Serveis, Manuel Valera, ha sido el cuarto en comparecer ante Garzón, y según su abogado, tampoco se han adoptado medidas cautelares contra él. El último en declarar ha sido Lluís Falcón, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, quien también ha quedado en libertad. Su abogado, Sebastià Martínez, ha confirmado que no se han tomado medidas cautelares contra su cliente.

Nadal defiende a Mas

Por su parte, el consejero de Política Territorial de la Generalitat, Joaquim Nadal, ha declarado este jueves por la mañana que "pone la mano en el fuego" por la gestión de Emili Mas, gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), imputado por Garzón. El juez dio el miércoles un nuevo impulso a la investigación del caso Pretoria de corrupción urbanística e imputó a otras 11 personas, que declararán entre este jueves y este viernes. En esa relación figura Mas, gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), acusado de un delito de actividades prohibidas a funcionario público por su "fluida relación" con Luis García Sáez, Luigi, el cerebro de la trama, para desarrollar diversas operaciones urbanísticas en Santa Coloma de Gramenet. El PSC reaccionó ayer con prontitud y suspendió de militancia a Emili Mas. El consejero de Política Territorial ha salido en defensa de Mas y ha dicho desconocer si Mas era "amigo de las personas que se citan. No tengo que saberlo". Nadal también ha explicado que se ha hecho una revisión con lupa de las actuaciones del Incasòl y que no se ha encontrado ninguna irregularidad.

En la relación de imputados también figura Víctor Ros Casas, del PP, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres de 2003 a 2007, que presentó este miércoles su baja de militancia. Garzón le acusa de asociación ilícita, al igual que al que fue concejal de Urbanismo Antonio Jiménez Gómez, del PSC, que fue suspendido de militancia, y al arquitecto municipal de Santa Coloma de Gramenet, Lluís Falcó. El juez Garzón asegura que durante el tiempo que Víctor Ros ocupó la alcaldía de Sant Andreu de Llavaneres "se tomaron decisiones que favorecieron a algunos de los imputados en perjuicio del propio Ayuntamiento". El ejemplo más ilustrativo de esta actuación es la Operación Niesma, desarrollada entre el 23 de mayo de 2003 y el 17 de abril de 2007, que se inició con la compra de unos terrenos en Sant Andreu de Llavaneres por parte de Niesma Corporació, que firmó un convenio con el Ayuntamiento y se produjo una recalificación urbanística para aumentar la edificabilidad. La finca fue vendida a la sociedad Proyecto Inmobiliario Valiant, que pagó una comisión a la sociedad Poliafers, que había sido administrada por Maria Lluïsa Mas Crussells, la esposa de Prenafeta. El auto de Garzón asegura que la mujer "habría ayudado a éste en la actividad destinada a purificar los beneficios de las actividades presuntamente ilícitas de aquél".

La dirección de Convergència aseguró este miércoles que no haría público si las esposas de Alavedra y Prenafeta son militantes del partido. También anunció que no suspendería de militancia al arquitecto Genís Carbó, otro de los imputados y que supuestamente cobró 244.000 euros de Niesma y que a través de una empresa de su propiedad favoreció ciertas operaciones, según Garzón.

Con las 11 nuevas imputaciones acordadas por Garzón ya son 20 las personas acusadas en esta investigación. Cinco de ellas permanecen encarceladas desde el pasado 30 de octubre. Se trata de Alavedra, Prenafeta, Luis García Sáez, Luigi, considerado el cerebro de la trama, así como el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y el ex teniente de alcalde de Urbanismo de esa ciudad Manuel Dobarco, para el que Garzón acordó ayer su libertad bajo fianza de 200.000 euros.

Garzón considera que la madre de Muñoz habría intervenido en representación de su hijo y de un hermano de éste en una operación urbanística de intermediación a cambio de un millón de euros: 865.040 habrían sido para la mujer y 134.595 para el ex alcalde. La sociedad a la que representó la madre de Muñoz es Zelling Gestión Inmobiliaria SL, adquirida por Luigi. Garzón también imputó este miércoles a Juan Felipe Ruiz Sabido, consejero delegado de la sociedad Marina Badalona SA y consejero de BBW SL. Se le considera una persona muy próxima a Luigi, y desde su cargo podría haber adoptado diversas decisiones para favorecerle. La más importante fue la compra por parte de Marina Badalona SA de un terreno en el puerto que fue vendido después con una revalorización considerable y que favoreció a intereses particulares. El alcalde de Badalona, Jordi Serra, pidió ayer a Ruiz Sabido que dimita.

Al margen de esa lista de 11 imputados, el juez Garzón ha citado a declarar para el próximo 12 de enero a una decena de testigos, entre los que se encuentra Maite Arqué, ex alcaldesa de Badalona por el PSC.

Por otra parte, el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, que estaba en prisión desde el pasado 30 de octubre, ha depositado la fianza de 200.000 euros que le impuso ayer el juez Garzón. Dobarco abandonará este jueves o este viernes la prisión de Brians-2, en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), a la que fue trasladado el pasado día 25 desde el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), en el que había permanecido hasta entonces. Dobarco está acusado de, entre otros, los delitos de fraude de subvencones, falsedad en documento oficial y exacciones ilegales en relación con una trama de corrupción urbanística que operaba en Santa Coloma y en otras localidades barcelonesas.