Vivir con 370 euros al mes

La demanda de la renta mínima de inserción crece. Bastante y a buen ritmo (un 7,5% más de concesiones en el último semestre). Aumenta el número de personas que no tienen cómo cubrir sus necesidades más básicas. Comida, techo. Y hay unanimidad -desde el Gobierno regional a los sindicatos y asociaciones- en que "lo peor aún está por llegar".

La consejera de Asuntos Sociales y Familia, Engracia Hidalgo, presentó ayer el balance de los seis primeros meses del año. Esta ayuda económica, un salario social, se otorga a quienes acrediten que carecen de cualquier otro recurso (aunque pueden optar a ella quienes tengan una vivienda con un valor patrimonial inferior a 180.000 euros y bienes por valor de hasta 22.000). Una subvención de 370 euros mensuales, reconocida como derecho subjetivo (automático), que durante este semestre perciben 9.556 personas (673 peticiones fueron denegadas por no ajustarse a los requisitos). Un 7,5% más que el año anterior, que fueron 8.733. En total, el gasto por este concepto ha sido de 22.979.649,52 euros en el primer semestre.

"¡No me importa mi dignidad, sino cómo vivir!", dice un receptor de la ayuda

Los sindicatos denuncian retrasos para conceder el subsidio

"No se ha notado un aumento muy significativo con respecto a otros años, sobre todo en las familias que han llegado a esta situación por una situación de paro", expuso la consejera, que achacó esa circunstancia a que "aún no se han terminado los plazos de subsidio por desempleo de las personas que se han quedado en la calle en 2008". El 65% de los beneficiarios lo son por carecer de trabajo y subsidio. El año pasado eran el 64%.

El perfil más frecuente de quienes reciben este dinero es el de una mujer en paro, con menores a su cargo, de algo más de 40 años, residencia en Madrid capital y que lleva subsidiada desde hace cinco o más años. Un retrato robot al que se llega desde el desglose de las cifras. Desde el punto de vista geográfico, destaca la ciudad de Madrid con el 71,9% de los receptores. En la corona metropolitana estaría el 19,5% (especialmente en el sur de la región, con más de la mitad de estos casos) y los municipios rurales sólo el 8,5%.

El grueso de la ayuda recae sobre mujeres con responsabilidades familiares no compartidas (43,3%). Pero el informe se demora en detalles. Por ejemplo, desglosa que los inmigrantes son sólo el 12% del total de beneficiarios de la renta mínima. Más numeroso es el cómputo de aquellos de etnia gitana, que abarcan el 22,9%. Los pertenecientes a la amplia etiqueta de "sin hogar" son el 15,9%.

No es el caso de Mario, nombre ficticio, sin empleo y enfermo. Tiene sida y pertenece a ese colectivo de rentistas "cronificados" que se denuncia desde sindicatos como Comisiones Obreras. "Encima me cobran por todos los servicios municipales. Dicen que es para que no pierda mi dignidad. ¡A mí me importa un bledo mi dignidad, lo que me importa es cómo vivir con 350 euros [la cuantía vigente en 2008] para una persona sola!". Este hombre, que vive en un pequeño cuarto alquilado, se alimenta gracias a los comedores sociales y la comida que le suministran las ONG que se ocupan de las personas sin recursos.

La consejera precisó que para muchos servicios hay acuerdos con otros departamentos. Es el caso de Educación, que a estas personas les da automáticamente las ayudas de comedor o para libros escolares.

Un número considerable de beneficiarios de la renta de inserción viven en un péndulo continuo. Encuentran malos trabajos, temporales y mal pagados y pierden el derecho a la prestación. Pero cuando quieren volverla a solicitar saben que se va a tardar al menos dos o tres meses. Y ése es uno de los puntos que señala Ana González, secretaria de Asuntos Sociales de CC OO, como más discutibles de la acción del Gobierno regional: "Por ley deben tardar menos de tres meses, pero muchas veces lo dilatan". Una denuncia a la que también se suma Andrés Gabaldón, responsable del albergue San Juan de Dios: "Hay gran demora a la hora de concederlas, mucho retraso".

No es el único lamento de Ana González. También señala que es la primera vez "en la historia" que la ayuda permanece congelada. Denuncia el notable desequilibrio entre las demandas de la renta mínima, que crecen "en mucho mayor porcentaje que quienes, efectivamente, acaban recibiéndola". Sobre esa supuesta congelación, la consejería afirma que en realidad no es tal y que el montante de las ayudas ha aumentado un 4,5% mensual.

El número de personas que pierde la ayuda por haber mejorado su situación económica es bastante pequeño. Aunque Hidalgo se felicitó porque a la ayuda se le añade una bolsa de proyectos destinados a favorecer la integración laboral y social de estas personas. En total, son 69 planes, principalmente talleres laborales, con un coste anual de 2.587.500 euros.

Los requisitos para optar a la ayuda son tener la residencia legal en España, estar empadronado en la Comunidad de Madrid, tener entre 25 y 65 años (aunque hay algunas excepciones en menores de 25) y acreditar que se carece de recursos básicos.