La Audiencia estudia si cierra tras 6 años la causa de la Hacienda de Vizcaya

El juez había dado por concluido el sumario pero aún puede alargarse más. La Audiencia de Vizcaya debe estudiar si se prosigue, después de seis años de instrucción, con la investigación al antiguo jefe de la Inspección de la Hacienda foral, Juan Ramon Ibarra, imputado por un supuesto trato a favor a cerca de 25 contribuyentes.

La defensa de Ibarra ha argumentado que la imputación en 2007 de un nuevo delito, el de cohecho, obliga a repetir las declaraciones de los testigos. Hasta entonces, el ex máximo responsable de la Inspección Fiscal estaba acusado de prevaricación, falsedad en documento público oficial y desobediencia a sus superiores. Por estos presuntos delitos, habían declarado 126 personas: 122 testigos, el propio Ibarra y otros tres funcionarios de la Hacienda vizcaína (un inspector, un subinspector y la jefa de Documentación), a quienes el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao les acusa de colaboración necesaria.

La imputación del delito de cohecho obliga a repetir el paso de los testigos

Si la Audiencia no atiende a la defensa quedaría pendiente la fecha del juicio

En 2007, antes de la imputación del cohecho, el juez daba por finalizada la instrucción, pero el nuevo delito obligó a seguir con las diligencias. Según fuentes del caso, se han pedido dos informes iguales, uno a la Agencia Tributaria y otro a la Hacienda de Vizcaya, sobre la situación patrimonial del imputado y familia. Además, también ha habido varias declaraciones de testigos.

El juez, con estos datos, tenía cerrado de nuevo la instrucción pero la petición de la defensa ha dejado el caso en manos de la Audiencia de Vizcaya, que debe decidir si acepta que vuelvan a declarar más de 100 testigos sobre el presunto cohecho. En caso contrario, se daría por concluido y quedaría pendiente la fijación del juicio oral. Si lo acepta, las diligencias pueden prolongarse otro año más.

La instrucción de esta causa comenzó el 4 de diciembre de 2003, tras una querella de la Fiscalía del Tribunal Superior vasco que detectó un supuesto trato a favor de 116 empresas, pertenecientes a cerca de 25 contribuyentes, que figuraban como sujetos a inspecciones pero sin que éstas se realizaran.

Durante la investigación no ha quedado claro el móvil del presunto trato a favor, ya que los beneficiarios pertenecían a distintas tendencias políticas.

Ibarra, quien estuvo 15 años al frente del área que persigue el fraude fiscal en Vizcaya hasta su destitución a principios de 2004 por este caso, ha afirmado en sus declaraciones al juez que controlaba un listado especial de contribuyentes. Sin embargo, ha explicado que lo hacía para proteger a empresas en crisis o con el fin de ofrecerles un mayor grado de confidencialidad.

Ibarra ha llegado a asegurar que el listado era una "agenda personal para obtener información" sobre dichos contribuyentes y ha rechazado cualquier trato de favor a estos, pese a que sólo él podía acceder a sus datos mediante la manipulación informática.

La Diputación de Vizcaya se desmarcó desde el principio de este caso al asegurar que las actuaciones de los imputados fueron "personales". Aseguró que realizó una amplia inspección de las cuentas de los contribuyentes supuestamente protegidos, aunque el resultado no se ha hecho público.