La política como jugarreta

Por lo general, suele ser injusta la generalización que en la calle se hace de la política como un ámbito donde predomina el interés partidista, el regate en corto y la zancadilla. Hay ocasiones, sin embargo, en que la realidad encaja como un molde en esta consideración, y hasta se queda corta. Pongamos por caso el enredo sobre la pendiente transferencia a Euskadi de las políticas activas de empleo (las que desempeñaba hasta hace poco el Inem), cuya sinopsis sería más o menos la que sigue.

El Ejecutivo socialista de Patxi López se propone como uno de sus primeros objetivos obtener el traspaso de esta competencia, bloqueada durante 26 años por la postura maximalista de los gobiernos del PNV de que se extienda también a las políticas pasivas (pensiones y cotizaciones sociales) y el rechazo del Gobierno central a fragmentar la caja unitaria de la Seguridad Social. Hasta el punto de que Euskadi es la única comunidad que no gestiona las funciones y servicios adscritos al Inem. El 21 de mayo, coincidiendo deliberadamente con la huelga general con que los sindicatos nacionalistas le dieron la bienvenida, el lehendakari se reúne en Vitoria con el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y oficializan la intención de que la competencia sea gestionada por el Gobierno vasco a partir del 1 de enero próximo. Y tras varias reuniones de las comisiones técnicas, antes y después de agosto, los mismos protagonistas anuncian en septiembre un "principio de acuerdo" que afectaría, a falta de algunos "flecos", a casi el 90% de la materia en discusión.

La diabólica pinza que ha pillado a López no disculpa su acogotada reacción

Sin embargo, entre esos flecos se cuela la negociación de los Presupuestos del Estado. Necesitado de atar la mayoría necesaria, el Gobierno de Rodríguez Zapatero se echa en brazos del PNV y a mediados de octubre le acepta las tres condiciones conocidas: el blindaje jurídico de las normas forales de contenido fiscal, el pago a Álava de los millones disputados por el IVA de los coches Rover importados, y ser informado puntualmente de las conversaciones Madrid-Vitoria sobre la transferencia del Inem. Un mes más tarde, al aproximarse la fecha del 1 de enero sin que el Gobierno vasco sepa dar razón del retraso, al PNV se le empieza a escapar la risa, hasta que al cabo de varios días de mortificar al lehendakari descubre la carta guardada: no puede culminarse el proceso porque el PSOE, con el permiso de Zapatero, concedió también a los peneuvistas un derecho de veto por escrito, de modo que el traspaso no pueda producirse antes de septiembre sin su permiso.

La jugarreta deja una larga lista de damnificados, encabezada por el prestigio de la política y de quienes se dedican a ella, y las 125.000 personas que en el País Vasco deberían ser atendidas por ese Inem trabado. Pero no se quedan a la zaga el maquinador de la intriga (el PNV), la víctima que no supo reaccionar al conocerla o intuirla (el Gobierno de López) y quien la consintió sin mayores consideraciones para salir del apuro (el PSOE y Rodríguez Zapatero). Bien pueden regocijarse Urkullu y los suyos de haber arruinado la baza política que el lehendakari pensaba cobrarse poniendo desde enero el cartel de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en una treintena de oficinas atendidas por 600 funcionarios vascos. No obstante, al hacerlo han cometido dos errores. El primero, echar sobre su espalda la crítica que el PNV ha lanzado siempre a Madrid sobre el desarrollo del Estatuto, la del mercadeo sobre las transferencias. Pues bien, mediante un mercadeo negativo, por vengarse y hacerle la puñeta a quien le arrebató Ajuria Enea, consigue que Euskadi continúe sin tener ese servicio tan necesario en la actual situación de desempleo.

El otro error de la maniobra obstruccionista es que del mismo modo que muestra su poder para condicionar decisiones en Madrid emborrona el autopublicitado perfil del PNV como defensor del autogobierno y los intereses de Euskadi. Revela su temor a que la mera llegada de dicha competencia y su gestión por el Gobierno vasco dejara en evidencia las motivaciones profundas de su negación a recibir nada de las políticas activas de empleo exigiendo el todo de la Seguridad Social. No ha querido arriesgarse a que los ciudadanos comprobaran por sí mismos si lo que venía era o no "mercancía averiada".

Al lehendakari y su Gobierno les corresponde el ingrato papel de la víctima doblemente escarnecida: por el adversario, que logró imponer sus condiciones para perjudicarle, y por su propio partido en Madrid, que sólo miró por sus necesidades inmediatas y no dudó en sacrificar a ellas a sus compañeros de Euskadi. Pero la diabólica pinza en la que Patxi López se ha visto cogido con el pacto soterrado PNV-PSE tampoco disculpa su acogotada reacción. Afirmar que se siente "perjudicado" supone una constatación y a lo mejor expresa un estado de ánimo, pero no constituye una respuesta al trance. Otra cosa es que la salida resulte sencilla.

Quizá no haya otra que hacer ver a quien consintió en La Moncloa de que el éxito del cambio en Euskadi es más importante para el conjunto del país que la presunta comodidad de un respaldo presupuestario pagado a doblón. Patxi López y el PSE tendrán que descubrir cómo conseguirlo.