La estrategia española en Copenhague

Resulta complicado aventurar lo que saldrá realmente de la cumbre del clima de Copenhague: si habrá acuerdo o no, si, en caso de haberlo, será muy ambicioso o no... Las negociaciones son y seguirán siendo complejas, y, por tanto, dependerá de muchas circunstancias difíciles de prever. En todo caso, y visto el compromiso de las grandes economías, incluidos EE UU y China, parece muy probable que, ya sea ahora en Copenhague o dentro de un año en México, finalmente habrá un acuerdo sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo que tampoco nadie duda es que este acuerdo tendrá consecuencias muy importantes sobre nuestro país.

Cualquier acuerdo de esta naturaleza exige, en el fondo, una decisión previa sobre el modelo energético que queremos, es decir, sobre la forma en que producimos y consumimos la energía, que es origen, en gran medida, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Obliga a tomar decisiones sobre el papel de la demanda, y también sobre la contribución de cada una de las fuentes de energía. Decisiones que, a su vez, tienen consecuencias directas sobre los precios que tendremos que pagar, sobre el medio ambiente, sobre nuestra competitividad, o sobre nuestra seguridad de suministro. Estamos hablando de cuestiones importantes, de palabras mayores.

Nos jugamos demasiado como para dejar al albur las decisiones energéticas

¿Cuáles son nuestras opciones energéticas y sus consecuencias?

Ante este panorama, parecería más que razonable que, cuando nuestros representantes políticos deban negociar los compromisos españoles en relación con el cambio climático, pudieran disponer, al igual que muchos de sus colegas europeos o estadounidenses, de estudios que evaluaran de forma rigurosa las consecuencias nacionales de las distintas opciones de las que disponemos en materia energética, para conocer con exactitud los márgenes reales con los que cuentan en la negociación política y técnica que se lleve a cabo y las posibles implicaciones de los de los acuerdos a los que se llegue.

Desgraciadamente, no terminamos de aprender de errores pasados y llegamos de nuevo a una situación crítica con los deberes sin hacer, sin contar con el análisis requerido en base a estudios, planes, o estimaciones apropiadas. No hay que ser un lince para advertir que, en este asunto y en el momento en el que nos encontramos, nos estamos jugando demasiado como para actuar de forma improvisada y sin un conocimiento cabal de lo puede ocurrir. A estas alturas se debería disponer de estudios sólidos sobre nuestras opciones y sus consecuencias, estudios que presentar a los ciudadanos para informar y recibir sus impresiones, y para que nuestros representantes políticos pudieran evaluar y consen

-suar los compromisos que estamos dispuestos a realizar en cada caso. Así, por ejemplo, se podrían evitar situaciones lamentables, como la tristemente recordada negociación de la cuota láctea en Europa, o como ese 15% de aumento de emisiones de CO2 que acordamos en el Protocolo de Kioto sin saber muy bien si lo podríamos cumplir o no.

Es verdad que los análisis que se puedan realizar tendrán inevitables limitaciones y las decisiones que se tomen, en un entorno de incertidumbre como el actual, nunca serán las óptimas. Eso sólo se podrá saber a toro pasado. Pero sólo la planificación y el análisis riguroso nos permitirán estar más preparados ante situaciones imprevistas. Como decía Saint-Exupéry, "un objetivo sin un plan es sólo un deseo".

El problema para no disponer de estos estudios no es la escasez de medios o la capacidad de análisis. Contamos con profesionales ampliamente cualificados en las instituciones públicas y privadas. Disponemos de varios centros de investigación, numerosas agencias regionales de la energía, reconocidos profesionales del mundo de la empresa y multitud de departamentos e institutos universitarios trabajando en este tema. Sin embargo, muy pocos de los esfuerzos realizados hasta ahora tienen la amplitud y profundidad suficiente como para poder responder de manera rigurosa a la pregunta que nos hacemos todos: ¿cuáles son nuestras opciones en materia energética y cuáles pueden ser las consecuencias tecnológicas, económicas y ambientales de nuestras decisiones? ¿Qué tenemos que defender en las negociaciones internacionales sobre cambio climático?

No olvidemos que las decisiones energéticas son de carácter estratégico para cualquier país. No basta sólo con una mera comparación de costes; es necesario, además, tener en cuenta consideraciones de seguridad energética y de desarrollo industrial y social. La apuesta por la energía nuclear de Francia o el abandono del carbón en el Reino Unido fueron fruto de un análisis estratégico en el que se consideró el esquema energético que mejor se adaptaba al modelo de economía a medio y largo plazo en cada caso. Además, la cuestión energética, en estos aspectos más estratégicos, no ha de contemplarse sólo desde el punto de vista regional, o de una tecnología determinada, como está ocurriendo en algunos casos.

La Prospectiva Energética a 2030, un estudio realizado en 2007 bajo la coordinación del Ministerio de Industria que pretendía marcar las líneas estratégicas de la evolución del sector energético español en el horizonte 2030 y que todavía permanece guardado en algún cajón, era un buen primer intento de responder a estos retos. Aunque, por otra parte, también sirvió para poner de manifiesto que no hay en España actualmente capacidad analítica suficiente para evaluar escenarios energéticos y políticas adecuadas de manera amplia, integrada y robusta.

Ante la inminencia de un acuerdo sobre cambio climático en Copenhague o en México, es imprescindible que España comience a generar la capacidad propia para realizar análisis sobre sus implicaciones al nivel requerido. Tal y como ya ocurre en otros países, el primer paso para ello es hacer conscientes a la sociedad y a sus representantes sociales y políticos de la importancia de disponer de estos análisis. Y luego, e inmediatamente, que los responsables de estos temas en el Gobierno pongan los medios para orientar, concentrar y organizar los esfuerzos que ya se están efectuando en muchas de las instituciones ya citadas, de forma que desemboquen en un estudio profundo, riguroso y transparente de nuestras alternativas en materia energética. Las soluciones a los retos climáticos y energéticos sólo podrán venir a través de un análisis de una magnitud correspondiente a la envergadura del problema. Aunque se observan algunos indicios esperanzadores, es necesario intensificar los esfuerzos.

Nos jugamos demasiado como para dejar tales decisiones al albur de la suerte, de la oportunidad, o del regateo político. El lento discurrir de las negociaciones climáticas ha dado a los países mucho tiempo, pero al final habrá acuerdo y España seguirá sin un plan. ¿Quizá para la cumbre de México?

Firman este artículo Pedro Linares,profesor de Organización Industrial de la Universidad Pontificia Comillas y miembro del Instituto de Investigación Tecnológica, y Gonzalo Sáenz de Miera, profesor de Economía de la Universidad Antonio de Nebrija y experto en energías renovables.