Los padres del niño obeso acusan a la policía de irrumpir en su finca

El largo proceso judicial derivado de la decisión de los padres del menor obeso de incumplir la orden judicial de entregarlo a la Xunta comienza a complicar su situación. Mientras el niño sigue en paradero desconocido para la autoridad judicial y los padres hacen frente a las denuncias del fiscal (ayer prestaron declaración por el posible delito de abandono por el absentismo escolar del pequeño), el letrado denuncia persecución contra los progenitores del menor.

José Manuel Rodríguez registró ayer, coincidiendo con la comparecencia ante el juez de Luis Montoya y Margarita Gabarres, un escrito para incorporar a las diligencias previas en el que denuncia la irrupción, el miércoles, de una agente de la policía autonómica en la finca de los padres del niño sin previa orden judicial. Según este escrito, la agente, de la que realiza una detallada descripción física, "sobrepasó la finca cerrada con cancela" y "se introdujo en el vehículo" de Gabarres "ignorándose aún la finalidad". Explica también que ésta fue increpada por los vecinos, cuyos nombres aporta como prueba testifical, y detalla que la supuesta policía "se dio a la fuga" en un todoterreno blanco, del que da la matrícula.

El padre prefiere la cárcel antes que su hijo ingrese en un centro de menores

"Esto tiene que acabar ya", afirma el letrado defensor de la familia

Fuentes judiciales confirmaron a este diario que no se ha dictado auto de entrada y registro de la propiedad del matrimonio. Sólo existe orden judicial de localizar al menor. Así se lo confirmó también el titular del Juzgado de Instrucción número 2 al letrado cuando éste le informó del contenido del escrito.

Aunque Rodríguez pide en ese escrito que en el caso de que no hubiera orden judicial se traslade al ministerio fiscal para que éste formule las acusaciones que correspondan contra "la policía invasora de lo ajeno", el juez emplazó al abogado a que, si lo consideraba oportuno, presentara denuncia en el juzgado de guardia.

Por su parte, la policía autonómica negó los hechos. "Jamás entramos en ninguna propiedad sin la correspondiente orden judicial", sostienen fuentes de este organismo, que matizan, sin embargo, que están trabajando con toda diligencia en la búsqueda del menor.

El letrado se mostraba ayer dolido y pesimista. "Hay que acabar con esto ya", señaló ante los medios de comunicación y ante un nutrido grupo de familiares del niño que acudieron a respaldar a los padres, en las puertas de la Audiencia orensana.

Montoya y Gabarres acababan de prestar declaración -se negaron a responder a las preguntas del juez y del fiscal, sólo contestaron a las de su abogado- para justificar el absentismo escolar de su hijo en el primer trimestre de 2008. Atribuyeron las faltas al colegio a "un accidente" del pequeño y a "una enfermedad" posterior de su abuela. Según reconoció el abogado, el juez les requirió "muy seriamente" que entregaran al niño "de una vez".

Las acusaciones del letrado no sólo se refieren a la supuesta irrupción policial en la finca de la familia del niño. En sus declaraciones a los medios aseguró que este jueves se había encontrado una solución al caso, al margen de la judicial, pero "desgraciadamente, alguien ha puesto trabas" para que no sea así. "No voy a decir quién fue, pero se sabrá", puntualizó.

Rodríguez advirtió de que se han producido actuaciones "que han puesto demasiadas cortapisas" a la solución que los progenitores intentan pactar con la Xunta de Galicia y tildó de "grave error" la "persecución de los padres" del menor. "Se les está persiguiendo por proteger a su hijo", señaló. Después reiteró que el padre del niño "está determinado" a no entregarlo nunca si tiene que ingresar en un centro de menores. "Prefiere ir él a la cárcel" antes de que su hijo "pase esa experiencia brutal".

El letrado volvió a reclamar el diálogo entre las partes como única solución que puede redundar en beneficio del niño ya que, en su opinión, "la presión" sobre los progenitores no solucionará el problema.